El pasado martes, la fiscal uruguaya Gabriela Fossati solicitó la formalización de la investigación sobre el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y pidió también su prisión preventiva. Astesiano, siendo mano derecha de Luis Lacalle Pou, fue imputado por delito de tráfico de influencias, pero él solicitó condiciones especiales de reclusión por un episodio que tuvo en un robo hacia su hijo.
En la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado 35 Penal, Fossati solicitó la prisión preventiva “por el riesgo potencial de entorpecer la investigación”. La denuncia por la que se investigó a Astesiano fue interpuesta luego de que un funcionario notara que había actas de nacimiento alteradas, al menos 60. Además, una investigación interna dentro de la agencia reveló que rusos, venezolanos, cubanos y uruguayos estaban involucrados en el esquema.
La fiscal argumentó que los datos se obtuvieron de registros de varios departamentos del país (Montevideo, Minas, Río Negro y otras localidades) y, posteriormente fueron procesados en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC). Según Fossati, la Fiscalía “pudo recabar una cantidad importante de pruebas que permitieron solicitar, en principio y sin perjuicio de nuevas investigaciones, la formalización de las investigaciones”.
”Los cargos se llegaron luego de dos años de trabajo, lo que permitió identificarlos como partícipes de una actividad de ‘gestión’ y ‘obtención de documentación’ para adulterar documentación extranjera, en la que, a través de diversos mecanismos, identificaron a un ciudadano uruguayo, generalmente fallecido. El notario gestionaba los documentos, indicaba los pasos a seguir y actuaba como gestor. Astesiano intervino tanto como traductor (calificado) o como gestor y consiguió los clientes, acordó el monto de su intervención, pagó al notario e indicó los pasos a seguir a los interesados”, dijo Fossati en referencia al otro acusado en el caso.
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