La Junta birmana, moderada por el ejército local el cual tomó el poder a partir de un golpe de Estado a comienzos del 2021, elevó una nueva condena contra la ex líder nacional Auung San Suu Kyi. En este caso, se trata de seis años de cárcel en el marco de una hipotética causa de corrupción.
Suu Kyi ya transitaba con once años de prisión como condena previa, tras su caída en el ostracismo a partir de la interrupción del orden a manos de las fuerzas armadas. Desde su entorno, tacharon como arbitrario y “absurdo” a la nueva resolución judicial que aconteció en su contra.
Human Rights Watch, por su parte, etiquetó al proceso judicial en cuestión como una campaña que tiene como fin político el “entierro” de la figura de Suu Kyi, y el fortalecimiento del poder militar a partir de extirpar cualquier corriente opositora o referente del régimen político anterior.
La corte involucrada en la condena, con línea directa con el ejército y con dicho procedimiento desde febrero de 2021 -fecha del golpe- sostiene que la dirigente hizo abuso de poder para facilitar negociados con terrenos públicos a fin de beneficiarse en dicha rama.
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