El 18 de Octubre del 2019 marcó un antes y un después en la historia de Chile. Las fuertes manifestaciones que a simple vista eran leídas como un correlato del aumento del pasaje del transporte subterráneo terminó por “quitar el velo” , permitiendo visibilizar una serie de conflictos de gran magnitud y que llevaban años gestándose. Dicho alza fue la gota que rebalsó el vaso.
Pero, ¿a donde se puede rastrear la génesis de este estallido social?. La respuesta a dicha pregunta puede encontrarse rápidamente echando luz sobre el discurso de los manifestantes: “No son treinta pesos, sino treinta años”.
¿Qué quiere decir esto? El origen no se encuentra en el aumento del subte sino que se remonta nada más ni nada menos que hasta la dictadura de Augusto Pinochet. Durante el régimen militar se diagramó e instauró un modelo de país que encontraba su fundamento formal y normativo en la Constitución de 1980, vigente desde aquella época hasta la actualidad.
¿Cuáles son los lineamientos básicos de la Constitución, por qué explican el estallido social del 2019, y por qué la modificación de la Carta Magna sirve como articulador de las demandas de los manifestantes? Él régimen de Pinochet diseñó un sistema donde el rol del Estado era acotado, y era el sistema privado el encargado principal de canalizar las demandas sociales. El Estado se encargaba principalmente de imponer un marco normativo que garantice el correcto funcionamiento de los mecanismos de competencia (Von Hayek, 2007). Quedaba al margen o en algunos casos conservaba un rol meramente subsidiario en la provisión de servicios básicos, tales como el agua,la electricidad, las pensiones, la educación y la salud.
Con la transición a la democracia no hubo cambios verdaderamente sustantivos. Si bien se introdujeron ciertas reformas sociales, la base o el fundamento que rige el sistema establecido en Chile siguió siendo el mismo. La transición de un régimen autoritario a un régimen democrático fue una transición continua(Morlino, 2009) donde las estructuras y las normas del régimen naciente son similares a las del precedente.
Treinta años de dicho sistema han terminado por generar resultados que se contraponen. Por un lado, el Banco Mundial ha destacado el crecimiento y el progreso económico de Chile acompañado a su vez por la reducción de la pobreza en las últimas décadas, pero por otro lado, esto no se ha visto reflejado en una mejora en la calidad de vida ni en una sociedad más justa o equitativa en lo que respecta al acceso de los servicios más básicos.
La ausencia del Estado en la provisión de los mencionados servicios ha provocado acentuadas inequidades en la sociedad chilena, generando que los hogares más humildes deban endeudarse para poder acceder por ejemplo a un servicio privado de salud o de educación. El descontento y el hartazgo latentes han encontrado su manifestación en el estallido social que tuvo lugar a finales del año 2019.
Una pesada herencia y una clase política que no ha sabido diagnosticar y estar a la altura de los problemas que vienen aquejando a la sociedad chilena desde hace mucho tiempo ha dejado al país en la puerta de un proceso de Reforma Constitucional profundo.
La Asamblea Constituyente elegida democráticamente al calor del estallido social tiene la difícil tarea de redactar desde cero la ley fundamental del país en un momento de crisis e inflexión. Debe incorporar soluciones no solo a los problemas que acarreaba su predecesora sino también a las demandas de diferentes sectores de la sociedad que reclaman ser visibilizados y que sus problemáticas sean atendidas, como también la labor de redefinir el papel del Estado y sus obligaciones para con la sociedad.
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