Desde su creación el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha tenido una intervención cuanto menos controversial en los países en desarrollo, pero el caso de Argentina destaca por su conflictividad y perduración.
Si bien los créditos que surgen de la institución financiera se contemplan como transitorios y con el fin de alcanzar la estabilidad monetaria y financiera de los países integrantes, en el caso de Argentina los créditos asumidos se han ido encadenando durante 38 años, desde 1956 hasta el pago por adelantado de la deuda pendiente en el 2006.
A su vez, todas las crisis de deuda soberana de dicho país sucedieron en vigencia de uno de los programas del FMI (1962, 1983, 1993, 2001) así como períodos de alta inflación y sobreendeudamiento (1958-1962, 1976-1983, 1991-2001).
Ahora el país austral tiene que afrontar una nueva deuda, asumida en 2018, que se eleva hasta los 44.000 millones de dólares y que comprende el desembolso más grande de la historia del FMI. Esta misma semana, en mitad de las negociaciones por reestructurar dicha deuda, el gobierno deberá abonar el primer pago del 2022, que alcanza los 700 millones de dólares.
Negociaciones aparte, el esquema de vencimientos estipula que Argentina deberá afrontar este año el pago de 19.000 millones de dólares entre vencimientos de capital (US$ 17.600 millones) e intereses (US$ 1239 millones). En el 2023 se daría un pago similar de 18700 millones de dólares de capital y 419 millones de dólares en intereses, dando fin a la deuda en 2024 con un pago final de 4800 millones.
Recientemente el presidente de la nación argentina, Alberto Fernández, aseguró que “nosotros queremos tener derecho a crecer como creemos que debemos crecer”, haciendo referencia de forma explícita a las medidas que son exigidas por el FMI, no solo para la otorgación de sus créditos sino también para cualquier negociación referente a una restructuración del mismo.
Estas medidas exigidas por el organismo internacional se enmarcan dentro de las denominadas políticas ortodoxas en materia económica, que incluye medidas como la liberalización del comercio exterior y los movimientos de capitales, la limitación del gasto público, la eliminación de controles de precios, entre otras.
¿Cuáles serían las consecuencias de no pagarle al FMI?
El principal peligro que corre Argentina en caso de un impago, o de no llegar a un acuerdo de reestructuración de la deuda, sería un salto devaluatorio e inflacionario que conduciría inevitablemente a un aumento de la pobreza, el desempleo y una bajada de la producción.
Si se entrara en default, se cerraría la posibilidad de acceso a créditos de instituciones internacionales, afectando al comercio exterior debido a que los bancos no podrían otorgar créditos a la exportación, cayendo de esta forma el producto interior bruto.
El FMI por su parte, sigue presionando para que se apruebe en Argentina un programa económico que denominan como “sostenible”, que incluiría la reducción del gasto público. El problema principal que ha encontrado el gobierno hasta el momento es que un ajuste financiero, que implicara la reducción del gasto, supondría un suicidio político en un momento en el cual la nación argentina, al igual que las del resto del mundo, necesita realizar inyecciones monetarias para reactivar la economía tras el estancamiento que supuso la pandemia del COVID-19.
Ahora bien, el gasto público financiado con emisión monetaria suele generar desconfianza en la inversión privada, la cual es necesaria para asegurar un ingreso sostenido en dólares y evitar su fuga. Es por ello que el gobierno se encuentra en una encrucijada en cuanto a las negociaciones por la reestructuración de la deuda, y cuyo resultado parece impredecible por el momento.
En mitad de las negociaciones, diversos presidentes latinoamericanos como el chileno Gabriel Boric y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, han mostrado su apoyo a Alberto Fernandez para alcanzar un pacto que no suponga un daño irreversible para la economía argentina. A este apoyo se sumó el futurible presidente de Brasil Lula da Silva, lo que nos conduce a pensar que ya se está estructurando un nuevo eje latinoamericano de características similares al compuesto en la década de los 2000.
Algo que parece claro es que existe la intención, desde ambos lados, de alcanzar un acuerdo que no perjudique sobremanera a ninguno de los dos interesados. Para ello es necesario alcanzar primero un acuerdo en el seno del parlamento argentino, ya que cualquier programa económico recetado por el FMI parece condenado al fracaso si no existe un consenso que permita que las reformas programadas sean continuadas más allá del 2023.
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