Japón aprueba el aumento del gasto en Defensa tras las amenazas de China y Corea del Norte

Japón ha aprobado una solicitud de 770.000 millones de yenes (6.100 millones de dolares) de presupuesto de defensa adicional hasta marzo para acelerar la compra de misiles, cohetes antisubmarinos y otras armas, en medio de la creciente preocupación por la escalada de las actividades militares de China, Rusia y Corea del Norte.

El Ministerio de Defensa dice que su “paquete de refuerzo y aceleración del poder de defensa” está diseñado para acelerar el despliegue de algunos de los equipos clave de la solicitud presupuestaria de 2022. 

El objetivo es reforzar las defensas de Japón contra la amenaza de los misiles de Corea del Norte y la actividad marítima cada vez más asertiva de China en torno a las remotas islas del suroeste de Japón, según los funcionarios.

Japón también ha expresado su preocupación por las recientes actividades militares conjuntas de China y Rusia cerca de sus aguas y su espacio aéreo.

Japón ha estado reforzando las defensas en sus regiones e islas del suroeste, incluida la isla de Ishigaki, donde entrará en funcionamiento una nueva base militar con un sistema de defensa antimisiles tierra-mar. Ishigaki está al norte de las deshabitadas islas Senkaku, controladas por Japón, que también son reclamadas por China, que las llama Diaoyu.

El ministerio también planea construir viviendas para las tropas de tierra en la isla de Ishigaki.

El presupuesto combinado para 2021 será algo superior al 1% del PIB de Japón, manteniendo su tope habitual. El primer ministro Fumio Kishida ha dicho que está abierto a duplicar el gasto militar de Japón para hacer frente al empeoramiento del entorno de seguridad.

El gasto y las capacidades militares de Japón han crecido continuamente desde que el ex primer ministro Shinzo Abe asumió el cargo en diciembre de 2012, y desde entonces ha aumentado un 17%. El gobierno de Abe permitió que los militares japoneses se implicaran más en los asuntos internacionales al adoptar en 2015 una nueva interpretación del artículo 9 de la Constitución que renunciaba a la guerra.

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