Golpe de Estado en Sudán: aumentan las tensiones entre las fuerzas armadas y la población

Este lunes, el Ministerio de Información de Sudán afirmó que las fuerzas armadas “dispararon balas reales” contra los ciudadanos que se manifestaron en Jartum para protestar contra el golpe de Estado. 

En un comunicado, el Ministerio afirmó: “Las fuerzas militares han disparado balas reales contra los manifestantes que rechazan el golpe militar frente al cuartel general del ejército”. 

Según Reuters, al menos 12 personas resultaron heridas en diversos enfrentamientos de este lunes.

El caos y la violencia tomó las calles de Sudán después de que varios funcionarios de seguridad sudaneses detuvieran a líderes civiles, incluyendo al primer ministro Abdallah Hamdok.

Por su parte, la oficina del primer ministro pidió a los manifestantes que salieran a las calles después de que los líderes civiles fueran detenidos, ya que se encontraban frente a un “golpe de Estado” sin escalas. 

“Llamamos al pueblo sudanés a protestar utilizando todos los medios pacíficos posibles … para recuperar su revolución de los ladrones”, rezaba el comunicado de la oficina del primer ministro. 

La situación en todo el país es crítica. Hace semanas que las tensiones entre militares y civiles siguen latentes porque comparten el poder desde el derrocamiento de Omar al-Bashir.

Además, los servicios de comunicación como internet se han cortado a lo largo del país. Las vías de transporte también se vieron afectadas, ya que se cerraron las principales carreteras y puentes que conectan con la capital, Jartum.

Diversos organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Unión Europea, han mostrado cierta preocupación por lo sucedido en el país. Países como Estados Unidos también han manifestado sus inquietudes al respecto. 

Por su parte, el representante especial de Naciones Unidas en Sudán, Volker Perthes, afirmó que se encuentra “profundamente preocupado por los informes de un golpe en curso y los intentos de socavar la transición política de Sudán”, y que “las detenciones reportadas del primer ministro, funcionarios gubernamentales y políticos son inaceptables”. 

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