Argentina Gobierno
El gobierno argentino firmó un convenio por 82 millones de dólares, otorgado por el Fondo Verde del Clima, que será utilizado para “preservar cuencas forestales, extender el área de bosques bajo manejo sostenible, trabajar en la ganadería integrada con bosque nativo y generar mecanismos de integración social para las comunidades que viven alrededor de las cuencas”.
El convenio representa el pago más grande otorgado al país para la reducción de emisiones, ya que fue obtenido a partir de los resultados obtenidos por la implementación de la ley de bosques.
El mismo, parte del Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ (reducciones de emisiones por deforestación y degradación de bosques), tendrá el objetivo de contribuir con la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, como también con el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional sobre bosques nativos.
El acto de firma se llevó a cabo por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. Participó también el representante regional para América Latina y el Caribe en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), entre otros.
Solá remarcó que Argentina está demostrando “que el desarrollo sostenible precisa de políticas coherentes en todos los niveles, del compromiso de todos los actores y de la adecuada movilización de recursos financieros”.
Agregó que “solo desde esa coherencia y esa participación vamos a poder abordar las causas estructurales del calentamiento global y plantear mejores soluciones para combatirlo”.
Por su parte, Cabandié destacó que estos fondos serán utilizados “en un plazo de seis años con mucha responsabilidad porque para nosotros la agenda del cambio climático y preservar los servicios ecosistémicos que nos brindan los recursos naturales es una prioridad”.
El proyecto se ejecutará conjuntamente por la cartera de Ambiente de la Nación, las provincias y la FAO junto con socios clave del Gobierno, la sociedad civil y otros sectores, además de Naciones Unidas.
Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:
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