Este martes, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) nuevamente fracasaron en acordar una solución para suspender los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas de Covid-19. El objetivo de este plan es impulsar la producción y poder proveer con grandes cantidades de dosis a las naciones más pobres del planeta.
Quienes han estado presionando para llegar a este acuerdo fueron Sudáfrica e India, principalmente exigiendo una exención temporal de algunos derechos de propiedad. Su finalidad es permitir que ciertos fabricantes locales puedan producir las inyecciones ya que es esencial para abordar la oferta mundial de dosis.
Pero luego de nueve meses tratando esta cuestión, la reunión de los estados de la OMC en Ginebra no dio frutos. Frente a este resultado, el portavoz de la OMC, Keith Rockwell, afirmó que ‘no hay forma de que dejen de discutir esto. Es demasiado importante’.
Se espera que a principios de septiembre se concrete otra reunión informal para discutir esta cuestión, seguida de una reunión formal el 13 y el 14 de octubre.
Quienes alientan la eliminación de las patentes argumentan que la eliminación temporal de las mismas impulsará la producción local de aquellos países en desarrollo, achicando la brecha de la desigualdad en el acceso.
Sin embargo, son varios los gigantes farmacéuticos y sus países anfitriones quienes insisten en que las patentes no son las causantes de estos obstáculos. Algunos de ellos son varios países europeos, Japón y Corea del Sur.
Rockwell afirmó que todos los países estaban de acuerdo en la necesidad de aumentar la producción rápidamente, pero que no todos estaban de acuerdo sobre la manera de alcanzar este objetivo.
Esto se debe a que el debate se centra en el Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y las diversas disposiciones relacionadas con las herramientas médicas de prevención, contención o tratamiento necesarias para combatir el Covid-19.
Las negociaciones seguirán en marcha, aunque se han topado con algunos puntos de fricción específicos, como la duración de la exención, el alcance en términos de productos cubiertos o las disposiciones sobre los ADPIC. Además se cuestiona también la implementación y la protección de información no divulgada.
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