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Este jueves tendrá lugar la cumbre semestral del Mercosur En ella, el jefe de estado argentino, Alberto Fernández, mantendrá una reunión virtual con su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, y en ella se producirá el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque comercial, que estuvo administrado por nuestro país durante este año (aquí se puede observar las actividades llevadas adelante).
Este suceso tiene lugar en un momento de fuertes tensiones por las diferentes visiones de encarar la estrategia comercial conjunta del grupo. Es decir, los cuatro países mantuvieron discrepancias en torno a la flexibilización del bloque y la rebaja del arancel externo común, la tasa aplicada a las importaciones, que Brasil pretende disminuir y Argentina se muestra reticente.
Por lo tanto, el traspaso de mando genera expectativas divididas: Alentadoras para Uruguay y Paraguay, no así visto desde los intereses de la Argentina. Esto se produce a raíz de la intención del presidente brasileño de apostar a modificar el tema medular, el régimen de Arancel Externo Común (AEC) a la vez que el esquema de negociación de acuerdos con otros países.
El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño manifestó, en un comunicado, que mantendrá el eje de la agenda de “modernización”. Con ella, tiene el objetivo de transformar el bloque en un “instrumento efectivo de competitividad y de mejor inserción regional y global“.
¿Es posible la negociación en conjunto?
Uno de los puntos nodales de división es la idea de Uruguay, apoyada por Brasil, de flexibilizar las normas que impiden que los países miembros del Mercosur negocien acuerdos comerciales con otros mercados de manera independiente y no como bloque.
La posición de la Argentina es resistir ante esa propuesta e insiste en negociar en conjunto, así dispuesto en el Tratado de Asunción, el acuerdo fundacional del bloque, aunque acepta imprimir mayor dinamismo a las negociaciones externas.
En ese sentido, la Argentina plantea seguir adelante con los acuerdos con países de Centroamérica, Indonesia, la Unión Europea (UE), con el bloque EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y con Canadá. Por el contrario, Bolsonaro, Lacalle Pou, y el presidente de Paraguay, Miguel Abdo Benítez, avanzan con la idea de “flexibilizar” la normativa del bloque para poder negociar acuerdos con terceros países sin requerir la autorización del resto de los socios.
Por este motivo, esta semana el embajador argentino, Daniel Scioli, se reunió con la ministra de Gobierno brasileña, Flavia Arruda, y con el jefe de gabinete de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos. Este encuentro tuvo como fin negociar los términos de los nuevos parámetros de los aranceles externos comunes, fijar pautas para los acuerdos de libre comercio y evitar así una ruptura entre los socios más grandes del bloque regional.
“La propuesta argentina se está analizando ahora al más alto nivel y confiamos en que todo va a ir bien”, afirmó Scioli. El planteo del embajador giró en función a reducir recién para fin de año un 10% de impuestos del 75% de los productos que ingresan al bloque. Esta postura dista del planteo de Bolsonaro (reducir los aranceles externos en la totalidad de los productos en lo inmediato).
El otro punto álgido es el AEC, que se encuentra en proceso de revisión desde hace dos años. Al respecto, este semestre dejó en evidencia las contundentes diferencias de visión entre los socios, que resultaron de las propuestas concretas que se esbozaron.
Hay que tener presente que el AEC del Mercosur, que no tuvo modificaciones en los últimos 25 años, es de un máximo del 35 %. De todos modos, el promedio aplicado es del 12 %, frente a una media global del 5,5 %. Por lo que, si bien la totalidad de los miembros están de acuerdo en la necesidad de una rebaja, no hay un punto en común sobre cuánto y ni cómo hacerlo.
De este modo, las trabas surgidas por el contexto de retracción prolongada se suman a los escasos acuerdos comerciales de peso firmados por el Mercosur, en cierto modo influenciado debido a las posturas políticas de los gobiernos de turno. En adición, se refleja la frustración por el pacto con la Unión Europea, que parece afrontar obstáculos en la etapa de revisión legal y cuya entrada en vigor no está definida.
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