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En Perú, uno de los cuatro magistrados del jurado (quien revisa los votos impugnados) renunció luego de enfrentarse con otros funcionarios por las solicitudes de anulación de votos. Este suceso demostró que el proceso electoral peruano, el cual ya se encontraba tenso, se vio sumido en un nuevo desorden.
Luis Arce comentó que dejaría su puesto de magistrado el miércoles por la noche, principalmente porque el jurado rechazó las 10 primeras solicitudes de anulación de votos que presentó Keiko Fujimori. Debido a esto, la derechista ha realizado varias acusaciones de fraude, buscando descalificar los votos a favor de Castillo.
La elección presidencial fue reñida, y dividió fuertemente a la nación. En su carta de renuncia, Arce alegó parcialidad en el jurado y dijo que las decisiones ya estaban tomadas. Pero el JNE rechazó la acusación del mismo considerándola “ofensiva”, y afirmó que no está permitido que un magistrado renuncie a mitad de la revisión, y por ese motivo se deberá buscar un sustituto provisional.
Por su parte, el partido de Castillo dijo que esta renuncia tenía el objetivo de “impedir la proclamación del candidato”, desconociendo el voto popular y rompiendo la democracia. Mientras que el partido conservador de Fujimori continuó presentando cientos de recursos, y con la palabra de un abogado que representa a este partido, se declaró que la Organización de Estados Americanos (OEA) debería auditar el proceso electoral.
Pese a todo, la OEA mencionó que no se encontró ninguna falla en el desarrollo de las elecciones en el país. Además, los observadores electorales declararon que la votación se llevó a cabo de forma limpia, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos mencionó que era un “modelo de democracia”.
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