China aprobó el jueves una ley para contrarrestar las sanciones extranjeras, mientras se esfuerza por resistir la presión de Estados Unidos y la UE en materia de comercio, tecnología, Hong Kong y Xinjiang.
Las personas o entidades implicadas en la elaboración o aplicación de medidas discriminatorias contra ciudadanos o entidades chinas podrán ser incluidas en una lista antisanciones por un “departamento pertinente” del gobierno chino.
A las personas incluidas en la lista se les puede negar la entrada en China o expulsarlas del país. Sus activos en China pueden ser confiscados o congelados. Se les puede restringir la posibilidad de hacer negocios con entidades o personas dentro de China.
La nueva ley es la última y más amplia herramienta legal de China para tomar represalias contra las sanciones extranjeras y pretende dar a las medidas de represalia chinas más legitimidad y previsibilidad, según los expertos locales.
Sin embargo, a las empresas extranjeras les preocupa el impacto negativo que pueda tener en la inversión extranjera.
El máximo órgano legislativo chino, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), aprobó la ley el jueves, según la televisión estatal CCTV.
Los 14 vicepresidentes del comité están sometidos a sanciones de Estados Unidos por haber aprobado el año pasado la Ley de Seguridad Nacional, que, según los críticos, ha mermado las libertades políticas en Hong Kong. Pekín dice que era necesaria para restaurar la estabilidad en la ciudad.
El presidente Xi Jinping pidió el pasado mes de noviembre que el Partido Comunista en el poder utilizara medios legales para defender la soberanía, la seguridad y los intereses de China frente a las partes extranjeras.
En su informe anual de trabajo de marzo, el CNP dijo que quiere “actualizar nuestra caja de herramientas legales” para hacer frente a los riesgos de las sanciones e injerencias extranjeras.
En enero, el Ministerio de Comercio anunció mecanismos para evaluar si las restricciones extranjeras a las actividades comerciales y empresariales chinas estaban justificadas, y para que las personas o empresas chinas puedan demandar una indemnización en un tribunal chino.
Estados Unidos y sus aliados han sancionado cada vez más a funcionarios chinos para expresar su preocupación por la forma en que China trata a su minoría musulmana uigur en Xinjiang y las actividades prodemocráticas en Hong Kong, lo que ha provocado contra-sanciones por parte de China a políticos y funcionarios estadounidenses y de la UE.
Washington también ha atacado a empresas chinas como Huawei y ZTE por violar las sanciones estadounidenses sobre Irán o Corea del Norte, un acto que China calificó de “jurisdicción de largo alcance”.
El proyecto de ley se sometió a una primera lectura secreta en abril, y fue aprobado el jueves, apenas dos días después de que el CNP anunciara que iba a hacer una segunda lectura del proyecto. Se saltó la tercera lectura, normalmente necesaria para otros proyectos de ley.
La Cámara de Comercio de la Unión Europea dijo que sus miembros están alarmados por la falta de transparencia sobre la aprobación del proyecto de ley.
“China parece tener prisa. Este tipo de medidas no favorecen la atracción de inversiones extranjeras ni tranquilizan a las empresas, que cada vez tienen más la sensación de que van a ser utilizadas como peones sacrificados en una partida de ajedrez político”, declaró a Reuters Joerg Wuttke, presidente de la Cámara.
Las empresas extranjeras que quieran hacer negocios en China pueden encontrarse con un escrutinio cada vez mayor por parte de las autoridades reguladoras chinas en relación con sus operaciones tanto a nivel local como en el extranjero, dijo Shaun Wu, socio del bufete de abogados Paul Hastings.
Los expertos chinos afirman que Pekín no hace más que seguir el ejemplo de Estados Unidos y la Unión Europea, que en los últimos años han aprobado diversas leyes que sirven de base jurídica para sus relaciones con China.
“Antes, China no tenía ni el poder económico ni la voluntad política de utilizar medios legales para tomar represalias contra las sanciones estadounidenses. Ahora tiene ambas cosas”, dijo Wang Jiangyu, profesor de derecho de la City University de Hong Kong.
“La cooperación es la mejor opción, pero Estados Unidos no la quiere. Así que las represalias, como esta nueva ley, son la segunda mejor opción. Aguantarse es la peor”, dijo.
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