Consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, la administración electoral de Haití pospuso el pasado lunes el referéndum constitucional que estaba previsto para el 27 de junio. El gobierno aún no precisó una nueva fecha, pero será definida en función de las recomendaciones sanitarias que se deban aplicar. El Consejo Electoral Provisional anunció en un comunicado que la decisión “está motivada por las dificultades para reunir y capacitar a todo el personal temporal para la realización de la votación”.
El nuevo referéndum es altamente cuestionado, tanto por la oposición como por la comunidad internacional, principalmente porque no posee el apoyo necesario de la misma oposición o de otros sectores de la sociedad. El presidente de Haití, Jovenel Moise, pretendía con el mismo impulsar la adopción de una nueva carta magna ya que considera que la actual Constitución es la fuente de inestabilidad política que azota al país.
Por su parte, tanto Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y países como Estados Unidos fueron grandes críticos de esta idea, ya que el proceso de consultas en torno al referéndum no fue lo suficientemente inclusivo. La oposición también planteó su juicio sobre el tema ya que ni siquiera participó del proceso de consultas sobre el borrador de la Constitución, principalmente porque no reconoce la legitimidad del presidente.
En Haití, el estado de emergencia sanitaria fue declarado el 24 de mayo pasado en todo el territorio por el aumento de casos de Covid-19 y las nuevas variantes identificadas. Los contagios subieron en gran medida, lo que llevó a la organización del referéndum a dudar sobre la votación del mismo.
Con su postergación, la oposición haitiana declaró su “alegría” debido a que exigen que la consulta sea anulada completamente. Surgieron varias declaraciones en torno a la misma, como el ex diputado Jerry Tardieu que mencionó: “El coronavirus es un pretexto: el gobierno se encuentra enredado en un proyecto de referéndum inconstitucional, ilegal, ilegítimo e impopular”.
El hincapié inicial en el que hace fuerte el fundamento de la oposición es que, en primer lugar, el actual presidente gobierna por decreto y sin contrapoderes y, en segundo lugar, que la Constitución de 1987 actualmente vigente establece la prohibición de toda consulta popular para modificarla a través de un referéndum.
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