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Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció públicamente el accionar de las autoridades de Trinidad y Tobago. En un tuit, expresó su preocupación por la deportación de “personas migrantes venezolanas, incluyendo 16 niños“.
Las personas fueron deportadas el 22 de noviembre y se encontrarían en alta mar, pero asimismo su paradero al día de la fecha es desconocido. Esto mismo resulta en inquietudes y preguntas sin respuestas por parte de la sociedad internacional.
En consecuencia, la CIDH exhortó a Trinidad y Tobago a respetar los tratados internacionales, garantizando el “ingreso a personas que busquen protección internacional por razones humanitarias urgentes“. Incluso instó a acatar al principio de “non refoulement“, o no devolución, fundamental en la protección internacional de los refugiados.
Finalmente, Trinidad y Tobago debería tener como obligación primordial la protección de las personas y, por sobre todo, de los niños y adolescentes.
