El Ministerio de Comercio de China recientemente ha expresado su rechazo a las últimas medidas de la Casa Blanca contra las empresas de capitales de ese país, dando lugar a un nuevo capítulo en la guerra económica que se ha ido recrudeciendo entre las dos principales potencias globales.
El pasado viernes, el presidente Trump, en medio de las tensiones internas por las elecciones presidenciales, firmó una orden ejecutiva prohibiendo las inversiones estadounidenses en 31 empresas chinas que la Casa Blanca considera apoyan o son controladas por las fuerzas armadas chinas.
La orden explica que “la República Popular de China está aprovechando el mercado de capitales de los Estados Unidos para obtener recursos y permitir el desarrollo y la modernización de sus capacidades militares, de inteligencia y de seguridad”. De esta forma, Washington redobla su embestida sobre la economía china, entendiendo que esta es el principal medio de apoyo a los objetivos estratégicos del partido comunista chino.
La orden ejecutiva incluso va más allá y explica que, a través de los recursos captados en el mercado de capitales estadounidenses, China estaría desarrollando y desplegando armas de destrucción masiva, armas convencionales avanzadas y ciberataques contra Estados Unidos y sus aliados.
En las últimas décadas China se ha posicionado como la economía mundial de mayor crecimiento, atrayendo numerosas inversiones y promoviendo el desarrollo del sector privado nacional. Esto ha sido complementado con un fuerte impulso al desarrollo de centros de formación, universidades y centros de investigación que hoy se encuentran en la frontera del conocimiento global.
Sin embargo, numerosos países y organizaciones han llamado la atención sobre los vínculos que existen entre los líderes empresariales y académicos chinos y las fuerzas armadas y el partido comunista, haciendo cada vez más difusa la línea divisoria entre las actividades civiles-privadas y las militares-estatales.
El Departamento de Estado de EE.UU. alertó que el gobierno chino está utilizando a instituciones privadas y movilizando los esfuerzos de toda la sociedad para lograr la superioridad militar. Esta estrategia se ha formalizado con la puesta en vigor de la política de fusión militar-civil, iniciativa lanzada por el Partido Comunista Chino como parte de una estrategia nacional para convertir al Ejército Popular de Liberación (EPL) en un “ejército de clase mundial” para 2049.
Bajo esta política, China estaría utilizando empresas, universidades, investigadores y estudiantes para adquirir recursos, propiedad intelectual, investigación y avances tecnológicos de diferentes países, investigadores, académicos e industrias privadas del resto del mundo, que luego son aplicados al fortalecimiento de las fuerzas armadas chinas.
La nueva medida estadounidense viene a tratar de contrarrestar, o por lo menos dificultar, estos avances y se suma a otras acciones que tienden al mismo objetivo. Por ejemplo, en el marco de la llamada “guerra comercial”, EE.UU. ya había restringido fuertemente el comercio con China de insumos y tecnologías estratégicas, y actualmente está realizando importantes esfuerzos para limitar las inversiones chinas en materia de comunicaciones 5G.
En definitiva, lo que vemos es un paso más en la profundización del conflicto entre ambas potencias, algo que muchos consideran inevitable.
