- El Departamento de Estado advirtió que Perú podría quedar impedido de supervisar adecuadamente el puerto de Chancay y lo presentó como una advertencia regional sobre soberanía e infraestructura crítica.
- Un juzgado constitucional ordenó que Ositrán se abstenga de regular, supervisar o sancionar las operaciones del terminal, salvo una excepción tarifaria condicionada.
- El megapuerto, desarrollado por la china Cosco, es una pieza estratégica para el comercio del Pacífico sudamericano y ya había estado en el centro de disputas regulatorias.
Estados Unidos elevó el tono frente a la expansión china en infraestructura estratégica en América Latina al advertir públicamente sobre la situación del puerto de Chancay, en Perú, luego de que un fallo judicial limitara la capacidad del Estado peruano para supervisar plenamente el terminal controlado por la empresa china Cosco Shipping Ports.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó su preocupación por reportes que indican que Perú podría quedar “impotente” para ejercer control regulatorio sobre uno de sus principales puertos. En el mismo mensaje, Washington sostuvo que apoya el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su territorio y lanzó una advertencia más amplia: el financiamiento chino, si no está acompañado de controles adecuados, puede tener costos en términos de soberanía.
El disparador inmediato de la reacción estadounidense fue una sentencia de un juzgado constitucional peruano que resolvió limitar de manera expresa las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
El fallo declaró fundada la demanda de amparo presentada por Cosco contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros, y ordenó que el regulador se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del puerto. El juez argumentó que el hecho de que el terminal sea de uso público no lo convierte en una infraestructura concesionada ni habilita una regulación integral bajo el marco tradicional aplicado a activos estatales o concesionados.
La única excepción admitida por la sentencia es la intervención tarifaria, pero bajo condiciones estrictas: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) deberá determinar previamente, y con decisión firme, que no existe competencia en los servicios prestados a usuarios finales. Solo en ese escenario podría habilitarse algún tipo de regulación tarifaria.
Redistribución del control estatal y debate sobre soberanía
El juzgado sostuvo que el puerto fue habilitado por la Autoridad Portuaria Nacional, financiado íntegramente con capital privado y sin contrato de concesión, por lo que su régimen jurídico es distinto al de la infraestructura pública tradicional. En consecuencia, declaró inaplicables para este caso las normas invocadas por Ositrán para justificar su intervención plena.
La sentencia no elimina todo control estatal, pero redistribuye las competencias. La Autoridad Portuaria Nacional mantiene la supervisión técnica, operativa y de seguridad, mientras que Indecopi conserva el rol de evaluar la existencia de competencia en los servicios portuarios. En este esquema, Ositrán queda excluido de la regulación integral del terminal y solo podría intervenir de forma excepcional y condicionada.
Chancay no es un proyecto menor. Concebido como un megapuerto de gran calado sobre el Pacífico, está llamado a convertirse en un nodo logístico clave para conectar Sudamérica con Asia mediante rutas directas. Su desarrollo fue presentado como un hito para el comercio peruano y como parte de la creciente presencia china en infraestructura portuaria de la región.
El episodio reabre un debate más amplio sobre el equilibrio entre inversión extranjera, autonomía regulatoria y seguridad estratégica. Para Washington, el caso funciona como advertencia para otros países latinoamericanos que evalúan proyectos similares. Para Lima, el desafío es encontrar un marco que preserve la atracción de capital privado sin resignar capacidad de supervisión sobre un activo que impacta directamente en su comercio exterior y en su posicionamiento geopolítico en el Pacífico.
En los próximos meses, la evolución judicial del caso y eventuales ajustes normativos serán determinantes para definir si Perú consolida un esquema de control estatal claro sobre Chancay o si el precedente marca un límite estructural a la regulación de infraestructura crítica financiada con capital extranjero.
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