Un proceso judicial abierto en los tribunales federales de Boston se convirtió en la primera demanda que la administración Trump recibe por parte de familiares de supuestos narcoterroristas bombardeados en el Caribe. Los demandantes, parientes de dos hombres de Trinidad y Tobago que murieron el pasado 14 de octubre, buscan establecer la ilegitimidad de estos ataques, que ya causaron la muerte de más de 126 personas desde que el gobierno republicano comenzó su campaña de presión sobre Venezuela.
La demanda entablada por la madre de Chad Joseph y la hermana de Rishi Samaroo es un proceso civil que busca un resarcimiento de daños, pero podría sentar un precedente para futuros planteamientos judiciales por parte de otras víctimas de esta campaña, considerada ilegal por numerosos expertos en derecho internacional. Según los motivos de la acción, entablada por el American Civil Liberties Union y el Center for Constitutional Rights en nombre de los parientes de las víctimas, Joseph y Samaroo eran dos hombres que hacían trabajos agrícolas y de pesca en Venezuela, que fueron asesinados cuando regresaban a su casa en Las Cuevas, un pueblo de Trinidad y Tobago.
La administración Trump recibe la primera demanda judicial de familiares de supuestos narcoterroristas bombardeados en el Caribe
Se trata de un proceso civil que contempla un resarcimiento por daños a las dos familias por parte del gobierno estadounidense, no una orden judicial que prevenga nuevos ataques. Sin embargo, el caso en sí presenta una oportunidad para que la corte del 4to distrito federal de Estados Unidos determine si el ataque realizado el 14 de octubre, donde además de las víctimas mencionadas fallecieron otras cuatro personas, fue legal.
“Estos son asesinatos totalmente injustificables por parte de una administración que se atribuyó el derecho de abusar del poder ejecutivo con impunidad”, sostuvo Brett Max Kaufman, abogado de las demandantes que forma parte del mencionado American Civil Liberties Union. “Y esta demanda es por responsabilidad y una defensa del estado de derecho”. La demanda se acogió bajo la Ley sobre la Muerte en Alta Mar, legislación marítima que permite demandas a parientes de muertos en circunstancias dudosas en alta mar, así como la Ley de Agravios para Extranjeros, una ley de 1789 que da derecho a personas de otras nacionalidades a demandar en cortes de Estados Unidos por violaciones del derecho internacional.
Como se mencionó, las muertes de Joseph y Samaroo se enmarcan en la campaña de bombardeos selectivos a supuestas embarcaciones narcoterroristas que la administración Trump focalizó en el Caribe cerca de las costas de Venezuela y en el este del Océano Pacífico. Como resultado de estos ataques, murieron ya más de 126 personas, cuyas identidades o vinculación con el crimen organizado no han sido divulgadas por el gobierno norteamericano.
La Casa Blanca ha pretendido enfocar la campaña como una “guerra” contra grupos narcoterroristas, realizando un equivalente a la ampliación del derecho militar que realizó la administración Bush sobre grupos terroristas islámicos después de los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, académicos y abogados como John Yoo, que fue miembro del Departamento de Justicia cuando Estados Unidos declaró la guerra a una organización no estatal como Al Qaeda, instaron al gobierno de Donald Trump a no seguir por este camino: “El daño causado por los narcóticos ilícitos es innegable (…) pero Estados Unidos no puede confundir crimen con guerra. Hacerlo ampliaría peligrosamente el rango del uso de la fuerza militar hacia áreas de problemas sociales ordinarios, y erosionaría el estado de derecho”.
Sallycar Korasingh, la hermana de Rishi Samaroo, lo puso en términos más llanos y contundentes: “Si el gobierno de los Estados Unidos creía que Rishi estaba haciendo algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado”.
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