La configuración del poder en Venezuela ha experimentado una transformación drástica tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Este acontecimiento ha inaugurado una etapa de reorganización institucional donde la influencia de Washington y el reordenamiento de los actores internos en Caracas buscan establecer un nuevo equilibrio que garantice la operatividad del Estado y la seguridad en el hemisferio.
La sucesión institucional y el ascenso de Delcy Rodríguez
El vacío de poder generado por la salida de Maduro fue rápidamente ocupado por Delcy Rodríguez, quien ejercía la vicepresidencia de facto. El 5 de enero de 2026, Rodríguez juró como presidenta interina de la República tras una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Artículo 234 de la Constitución, referente a la “Ausencia temporal” del mandatario.
Esta maniobra técnica, similar a la utilizada tras el fallecimiento de Hugo Chávez, ha permitido al sistema actual permanecer en el poder sin convocar elecciones, manteniendo en la práctica el mismo sistema autoritario. La ceremonia, donde fue juramentada por su hermano Jorge Rodríguez y flanqueada por el hijo mayor de Maduro, subrayó la naturaleza dinástica y hermética de la élite que aún ostenta el control del territorio y la burocracia.

El desafío de Machado y la pugna por la dirección política
Frente al control institucional del chavismo se alza la figura de María Corina Machado, cuya autoridad emana del respaldo del 67% del electorado que en 2024 eligió a Edmundo González Urrutia. Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, se encuentra en una intensa lucha por inclinar la balanza de la política exterior de Donald Trump hacia una democratización real.
Durante su reciente gira por Washington, Machado cuestionó frontalmente la supuesta “cooperación” que el gobierno de Rodríguez alega mantener con EE. UU. respecto a los presos políticos. La líder opositora sostuvo que no existen avances tangibles y que el anuncio de liberaciones que no se concretan constituye una “tortura diaria” para las familias venezolanas, exigiendo a la OEA y a la Casa Blanca una respuesta que no priorice la estabilidad económica por encima de los derechos fundamentales.

La estrategia de Washington y el vínculo con Machado
La administración de Donald Trump ha adoptado un rol ejecutor bajo el principio de “Poterry Barn” (si lo rompes, lo posees), asumiendo la responsabilidad de dirigir el país hacia una transición ordenada. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha diseñado un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) que inicialmente otorgó un papel protagónico a Delcy Rodríguez por su control logístico.
Sin embargo, tras recibir a Machado en la Casa Blanca la semana pasada y recibir de sus manos la medalla del Nobel, Trump ha comenzado a evaluar formalmente involucrarla en el futuro político del país, afirmando: “Me encantaría involucrarla de alguna manera”. Este giro se produce mientras el régimen chavista intenta consolidar su legitimidad interna mediante la apertura económica, mientras Machado presiona para que la vigilancia internacional asegure que la transición no sea solo un cambio de nombres, sino una reforma sistémica.

Perspectivas: La necesidad de una transición tutelada
Más allá de los discursos de estabilización, el futuro venezolano se ordena hoy en torno a una polarización clara, atravesada por la figura de Donald Trump. Por un lado, se perfila una reconfiguración del chavismo bajo nuevos nombres, con Delcy Rodríguez como garante de continuidad institucional y gobernabilidad sin una ruptura real del entramado autoritario.
Por el otro, emerge la alternativa impulsada por María Corina Machado, que apuesta a una transición democrática y reformas estructurales, pero que depende del respaldo internacional para no ser neutralizada por el aparato heredado.
En este escenario, Estados Unidos ha asumido de facto un rol tutelar. Las profundas fracturas institucionales y el marco legal represivo vuelven necesaria esa intervención, aunque no exenta de riesgos. De allí la importancia de una vigilancia constante por parte de la sociedad civil, el Congreso estadounidense y los organismos internacionales, para evitar que la transición derive en una mera administración del statu quo.
La reconstrucción democrática será un proceso largo y EE.UU. lo supervisará. El momento actual no es una meta, sino apenas el umbral de una transformación mayor. Como advirtió Winston Churchill, “este no es el final, ni siquiera el principio del final; pero es, quizás, el final del principio”.
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