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Reino Unido aprobó los planes para la construcción de una megaembajada de China en el centro de Londres, a pesar de las críticas por los potenciales riesgos de seguridad y espionaje que la instalación —la más grande de su tipo en Europa— podría implicar. El proyecto, situado en Royal Mint Court cerca de la Torre de Londres, viene siendo objeto de un prolongado debate político y diplomático que se extendió por más de siete años antes de su autorización final.
En este sentido, la decisión, formalizada por el Secretario de Estado para Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Steve Reed, da luz verde a convertir un complejo de aproximadamente 20.000 metros cuadrados en una sede única que reemplazará varias instalaciones dispersas de la embajada china en Londres. El Gobierno británico aseguró que las agencias de inteligencia, incluidas el MI5 y la Government Communications Headquarters (GCHQ), estuvieron integradas en el análisis de seguridad durante todo el proceso, y que un paquete de medidas diseñadas para mitigar los riesgos es “experto, profesional y proporcional”.
A pesar de estas garantías, la aprobación no estuvo exenta de reacciones adversas en distintos sectores políticos y sociales. Desde espacios conservadores y liberales, los críticos calificaron la decisión como un riesgo para la seguridad nacional y una concesión excesiva a Pekín. Reform UK declaró que nunca habría autorizado la embajada, apuntando a su potencial como centro de espionaje, mientras que los conservadores consideraron el respaldo gubernamental como un acto de “cobardía”.
Reino Unido opta por la cooperación bilateral con China
Las preocupaciones de seguridad se centran en la proximidad del sitio a infraestructuras críticas de comunicaciones, incluidas redes de cables de datos subterráneos que conectan los principales distritos financieros de Londres, y a la posibilidad de que espacios amplios —informes no oficiales mencionan incluso 208 habitaciones subterráneas— puedan facilitar operaciones de vigilancia no transparentes. Localmente, residentes de Royal Mint Court iniciaron esfuerzos para recolectar fondos con el fin de presentar una revisión judicial de la decisión del Gobierno, argumentando falta de transparencia y riesgos no abordados adecuadamente.
El debate sobre la megaembajada también se inserta en un contexto más amplio de tensiones diplomáticas y de seguridad entre Occidente y China, que incluyen acusaciones de espionaje, interferencia política y ciberoperaciones. El Gobierno británico defendió la aprobación como un ejercicio pragmático de diplomacia y un paso para facilitar la agenda de cooperación bilateral, incluida una visita planeada del primer ministro Sir Keir Starmer a Pekín.
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