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La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el respaldo explícito del Gobierno argentino a esa operación introdujeron un elemento de tensión poco visible pero estratégicamente relevante para la política exterior nacional. Más allá del impacto inmediato en la agenda regional, el episodio volvió a poner bajo discusión la coherencia de la Argentina en la defensa de principios centrales del Derecho Internacional, como la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza, pilares sobre los que se apoya el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Según advirtió Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, en una entrevista exclusiva con Escenario Mundial, cualquier flexibilización de esas normas no solo tiene costos coyunturales, sino que puede ser utilizada por el Reino Unido para erosionar la legitimidad jurídica del reclamo argentino en los foros multilaterales.
El posicionamiento argentino frente al caso venezolano se produce en un contexto internacional marcado por una creciente fragmentación del orden global y por la alineación directa de Argentina con Estados Unidos. En ese escenario, Dachary sostuvo que la Cuestión Malvinas constituye una construcción jurídica sólida, basada fundamentalmente en el principio de integridad territorial, y no en una disputa entre derechos equivalentes.
“La controversia del Atlántico Sur no se estructura en una contraposición jerárquica entre autodeterminación y soberanía, sino en la inaplicabilidad del principio de autodeterminación a una población implantada, conforme a los términos de la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU”, explicó. Desde esa perspectiva, el reclamo argentino se sostiene en el Derecho Internacional y en el multilateralismo como único escenario viable para un Estado que no es una potencia militar ni nuclear.
Para el funcionario fueguino, ese capital jurídico es también el principal activo estratégico de la Argentina. “El Derecho Internacional es la herramienta por excelencia de los Estados que no poseen poder material suficiente. La consistencia normativa es nuestro mayor activo”, subrayó. En consecuencia, respaldar o relativizar principios como la no intervención o la prohibición del uso de la fuerza en Venezuela compromete pilares centrales de la política exterior argentina.
Uno de esos pilares es la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Aceptar que una crisis interna puede justificar una intervención externa para “restaurar el orden” implica, según Dachary, validar la primacía de la fuerza sobre el derecho. Ese razonamiento choca de manera directa con la posición argentina frente a la militarización británica del Atlántico Sur, que Buenos Aires denuncia como una violación del estatus de zona de paz promovido por las Naciones Unidas.
El segundo principio comprometido es el de no intervención, entendido como una salvaguarda esencial para los Estados frente a las grandes potencias. “Al admitir excepciones basadas en valores, por más legítimos que parezcan, se abre una brecha peligrosa”, advirtió. En ese punto, trazó un paralelismo directo con la estrategia británica: el Reino Unido suele invocar los “deseos” de los isleños —un argumento político— por encima del imperativo jurídico de la soberanía territorial. Si Argentina avala que la política interna de un Estado habilita la injerencia externa, otorga a Londres un precedente funcional para legitimar su presencia en Malvinas.
El riesgo de la erosión silenciosa en el plano diplomático
Desde la mirada de Dachary, la inconsistencia no es un error menor ni un problema retórico: constituye un objetivo diplomático largamente buscado por el Reino Unido, la erosión progresiva de la legitimidad jurídica del reclamo argentino. Esa “usabilidad” de las contradicciones argentinas es especialmente peligrosa en el plano bilateral con terceros países, donde Londres despliega redes de influencia política, técnica y financiera, particularmente en África, el Sudeste Asiático y el Caribe.
En ese contexto, el riesgo no es tanto una votación adversa explícita, sino algo más sutil y efectivo: la abstención. “Al Reino Unido no le hace falta que el mundo vote contra la Argentina; le basta con sembrar dudas sobre nuestra previsibilidad”, señaló. Una merma en los apoyos positivos, incluso sin un cambio formal de postura, puede resultar devastadora para la vigencia del reclamo en los foros multilaterales.
En el Comité Especial de Descolonización de la ONU, la disputa es fundamentalmente narrativa. Dachary advirtió que alteraciones recientes en los alineamientos argentinos sobre otros casos sensibles del Sur Global le ofrecen a Londres la herramienta del “doble estándar”. Si la Cuestión Malvinas deja de percibirse como una causa de integridad territorial y lucha contra el colonialismo residual, corre el riesgo de degradarse a una disputa territorial nacionalista aislada.
A nivel regional, el funcionario alertó sobre un proceso similar. La aceptación del discurso de que la “defensa de la democracia” permite relativizar el principio de no intervención puede fragmentar consensos en espacios como la OEA y la CELAC, licuando el carácter regional de la causa Malvinas. En ese escenario, fenómenos como la expoliación de recursos naturales, la pesca ilegal, la militarización del Atlántico Sur o la proyección logística británica dejarían de ser vistas como amenazas regionales para convertirse en meros diferendos bilaterales.
En ese marco, Dachary propuso desideologizar el abordaje diplomático del caso venezolano. “La soberanía es un atributo del Estado; la democracia es un derecho de los ciudadanos. En el orden internacional, uno no debe anular al otro”, afirmó. Limitar la discusión sobre Venezuela al cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos bajo tratados internacionales permitiría, según su visión, preservar intacta la arquitectura jurídica del reclamo por Malvinas.
Mirando hacia delante, el desafío para la Argentina es fijar líneas rojas claras que blinden la Cuestión Malvinas como política de Estado y eviten que quede atrapada en alineamientos coyunturales. En un sistema internacional cada vez más crudo, donde la fuerza tiende a imponerse sobre la norma, renunciar al Derecho Internacional no fortalece a la Argentina: la deja expuesta.
La pregunta que queda abierta es hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a asumir esos costos estratégicos. Porque, como advirtió Dachary, cada gesto en el tablero global puede convertirse en munición diplomática para una potencia con presencia militar consolidada en el Atlántico Sur y con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. En ese equilibrio inestable, la coherencia ya no es un detalle técnico: es una condición de supervivencia diplomática.
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