- Nuevas imágenes satelitales revelan una masiva concentración de buques pesqueros —principalmente de origen chino— operando en la Milla 201, justo fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, intensificando la presión sobre los recursos del Atlántico Sur.
- La actividad, que creció un 65 % entre 2019 y 2024 según la EJF, se desarrolla en un vacío regulatorio internacional que permite la explotación intensiva del calamar Illex argentinus sin límites de captura en alta mar.
- El fenómeno combina riesgos ambientales, desafíos de gobernanza marítima y denuncias de abusos laborales, mientras el reciente Tratado de Alta Mar busca ofrecer un marco global para enfrentar estas prácticas en zonas fuera de jurisdicción nacional.
Imágenes satelitales recientes expusieron la presencia de buques de pesca de gran escala, predominantemente de nacionalidad china, operando en alta mar justo fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, una franja conocida como Milla 201. La evidencia visual, capturada desde satélites, muestra columnas de embarcaciones que se extienden durante kilómetros, una señal de la presión creciente sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur.
El fenómeno no es nuevo, pero las imágenes confirman lo que autoridades argentinas y organizaciones no gubernamentales han advertido durante años: que una flota industrial de pesca de altura, mayoritariamente con bandera o propiedad vinculada a China, Taiwán y Corea del Sur, explota sin supervisión efectiva especies marinas claves como el calamar Illex argentinus más allá de las 200 millas náuticas.
En Buenos Aires, oficiales de la Prefectura Naval Argentina monitorean en tiempo real el movimiento de estas embarcaciones mediante tecnología de vigilancia marítima. “Cada año, durante cinco o seis meses, la flota extranjera llega desde el océano Índico y otras regiones para operar en la milla 201”, explicó el comandante Mauricio López, del departamento de monitoreo, según reportó The Guardian. “Esto está creando un grave problema ambiental”.
En este sentido, la Milla 201 corresponde a la alta mar, un espacio que no cae bajo jurisdicción nacional, y por ello fue históricamente difícil de regular. Allí operan buques gigantescos que, según las organizaciones ambientales, pueden verse desde el espacio, formando una masa flotante comparable a una “ciudad en el mar”. Las intervenciones de control dentro de la ZEE son efectivas, pero una vez que los pesqueros cruzan ese límite, las naciones ribereñas carecen de herramientas jurídicas directas para inspeccionar o sancionar.
La pesca intensiva en esa franja aumentó de forma sostenida en los últimos años. Según la Environmental Justice Foundation (EJF), las horas de actividad pesquera en la Milla 201 crecieron un 65 % entre 2019 y 2024, impulsadas principalmente por el aumento de operaciones de la flota china. Esto se produce en un vacío regulatorio, ya que no existen límites internacionales de captura para el calamar en alta mar, por lo que los barcos aprovechan la ausencia de acuerdos vinculantes para maximizar sus capturas.
Preocupación en Argentina por los impactos económicos de la pesca masiva de China
Los impactos ambientales van más allá de la sobreexplotación del calamar. La especie desempeña un papel central en la cadena trófica del Atlántico Sur, sirviendo de alimento para numerosos depredadores marinos y contribuyendo a la estabilidad de los ecosistemas. Expertos advierten que su declive podría desencadenar un efecto dominó ecológico que afecte ballenas, delfines, peces comerciales como la merluza y el atún, e incluso a las comunidades costeras que dependen de estos recursos.
La preocupación por esta situación suscitó debates internacionales sobre la necesidad de una regulación más estricta de la pesca en aguas internacionales. Recientemente, la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, un acuerdo global de la Organización de las Naciones Unidas para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, ofrece un marco potencial para enfrentar estos desafíos. Este tratado, adoptado tras décadas de negociaciones, permitirá la creación de áreas marinas protegidas y evaluaciones de impacto ambiental antes de actividades que puedan dañarlas.
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