- Malvinas vuelve a entrar en foco por la salida escalonada de 16 arrastreros congeladores desde Vigo hacia el Atlántico Sur para una campaña de al menos tres meses.
- La operatoria se apoya en licencias y cuotas otorgadas de manera unilateral por el Reino Unido en las islas; Argentina las considera ilegítimas por tratarse de un área de soberanía en disputa y por afectar recursos naturales sin consentimiento argentino.
- El trasfondo operativo es biológico y económico: tras varios años de rendimientos irregulares del calamar loligo, la flota llega con mejores expectativas, pero con cautela por la incertidumbre sobre biomasa y migraciones.
La próxima campaña del calamar en Malvinas vuelve a activar el pulso logístico del puerto de Vigo y, al mismo tiempo, reactualiza una tensión estructural del Atlántico Sur: el cruce entre un negocio pesquero de alto volumen y la disputa de soberanía que Argentina mantiene con el Reino Unido. En los próximos días —con partidas escalonadas— los buques se posicionarán para iniciar operaciones en febrero, en un esquema que combina tripulaciones, oficiales y apoyo científico embarcado para sostener una zafra prolongada sin tocar puerto.
En términos estrictamente pesqueros, la campaña llega atravesada por señales mixtas. En los últimos años, el loligo mostró caídas relevantes respecto de temporadas históricas, con variaciones de tamaño y disponibilidad que obligaron a operar con márgenes más estrechos. En este tipo de pesquerías, el rendimiento no depende solo del esfuerzo de pesca: pesan el estado de la biomasa, los desplazamientos del stock y el “ruido” externo que introduce la presión en el borde de las zonas económicas exclusivas, donde la captura puede incidir sobre especies migratorias antes de que ingresen a áreas reguladas.
Licencias, cuotas y el punto de fricción con la Argentina
El elemento político aparece en el corazón del modelo de negocios: la actividad se ordena a partir de licencias y cuotas emitidas por la administración británica en las islas, un sistema que para los operadores brinda previsibilidad para inversiones y planificación de flota. Pero para Buenos Aires, el punto es otro: se trata de una administración unilateral de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.
En una formulación que Argentina sostiene desde hace años, la explotación pesquera bajo ese paraguas de permisos se encuadra como una afectación de sus derechos soberanos sobre recursos naturales. En esa línea, la Cancillería argentina ha cuestionado la aplicación de regímenes de cuotas y el otorgamiento de licencias por plazos extensos, señalando que estas decisiones consolidan hechos consumados sobre recursos del área en disputa y chocan con el llamado internacional a evitar medidas unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.
Más allá de la discusión diplomática, el dato duro es que el calamar del Atlántico Sur alimenta cadenas industriales y comerciales de gran escala. Por eso, cada temporada no solo impacta en balances empresariales: repercute en empleo, logística portuaria y precios aguas abajo. En ese marco, la nueva salida de la flota hacia Malvinas no es solo el inicio de otra campaña: es un recordatorio de que, en el Atlántico Sur, la pesca funciona como termómetro económico y como vector estratégico. Y que, para Argentina, el núcleo del problema no es únicamente cuánto se captura, sino bajo qué autoridad se habilita esa captura en un espacio marítimo que sigue en disputa.
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