- Argentina rechazó enérgicamente la “Decisión Final de Inversión” de Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) para explotar el yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
- Buenos Aires considera que se trata de una iniciativa unilateral e ilegítima en una zona marítima bajo disputa de soberanía.
- La Cancillería sostuvo que el proyecto petrolero offshore viola las resoluciones 2065 y 31/49 de la ONU, así como las leyes argentinas 26.659 y 26.915.
La Cancillería argentina elevó el tono en la Cuestión Malvinas frente al avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. En un comunicado oficial, el Palacio San Martín expresó su “más enérgico rechazo” a la pretendida Decisión Final de Inversión anunciada por las compañías Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum (israelí), a las que considera “ilegítimas licenciatarias” por operar sin autorización de la autoridad competente argentina en un área marítima sujeta a disputa de soberanía.
El rechazo no se limita al plano diplomático: la Cancillería recordó que ambas firmas ya fueron sancionadas y advertidas por la violación de la legislación nacional que rige la plataforma continental argentina. Desde Buenos Aires, el Gobierno subrayó que cualquier actividad de exploración o explotación unilateral de recursos naturales en zonas en disputa resulta contraria a las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, así como a las decisiones del Comité Especial de Descolonización, que reconocen la existencia de un diferendo de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Esos instrumentos instan expresamente a las partes a reanudar negociaciones y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras no exista una solución pacífica y definitiva. En ese marco, avanzar hacia la fase productiva de Sea Lion es leído por la Argentina como un intento de consolidar en los hechos una situación territorial y económica en un espacio que considera propio.
Unilateralidad británica extendida
El endurecimiento del discurso se produce, además, en un contexto de mayor actividad militar británica en el Atlántico Sur. En los últimos días, uno de los caza Typhoon de la RAF desplegados en la base de Mount Pleasant en Malvinas voló con el transponder encendido en el límite del alcance del radar móvil de Río Grande, dentro de aguas de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Para analistas de defensa, ese tipo de vuelos —visibles en plataformas abiertas como Flightradar— operan como un recordatorio de la presencia militar británica en la zona y se enlazan con la dimensión estratégica de los proyectos petroleros offshore.
En su cierre de comunicado, la Cancillería reafirmó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y aseguró que profundizará su plan de acción para adoptar todas las medidas adicionales necesarias, “en plena conformidad con el derecho internacional”, para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos ante el avance del frente petrolero en el Atlántico Sur.
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