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En medio de crecientes tensiones con Venezuela, República Dominicana autorizó a Estados Unidos a utilizar de manera temporal la Base Aérea militar de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) para operaciones logísticas en el marco de la lucha compartida contra el narcotráfico en la región. El anuncio fue realizado por el presidente dominicano, Luis Abinader, tras una reunión con el secretario de Defensa de la administración estadounidense, Pete Hegseth.
Según Abinader, el acuerdo busca “fortalecer el anillo de protección aérea y marítima” que operan las Fuerzas Armadas dominicanas, dotándolas de mayor capacidad para interceptar el paso de drogas y neutralizar el crimen organizado transnacional. En concreto, Estados Unidos obtendrá acceso a áreas restringidas de las referidas instalaciones para reabastecer aeronaves, trasladar personal técnico, transportar equipo especializado y apoyar misiones de vigilancia aérea y marítima.
El contexto de este acuerdo es el despliegue militar creciente de Washington en el Caribe bajo la operación denominada “Operación Lanza del Sur”, presentada como una ofensiva para desmantelar redes de narcotráfico y “narcoterrorismo”. Desde agosto de 2025, Estados Unidos movilizó buques de guerra, aviones cisterna, cazas y aeronaves de transporte, y realizó bombardeos contra embarcaciones consideradas sospechosas, resultando en decenas de muertos, según reportes oficiales.
Para Estados Unidos, el acuerdo con República Dominicana representa un avance que permite consolidar una red de apoyo logístico y estratégico desde territorio caribeño para mantener operaciones sostenidas en alta mar y ampliar el alcance de sus acciones de interdicción. Así lo manifestó Hegseth durante su visita a Santo Domingo: el país caribeño es “un socio crucial” y su decisión “envía un mensaje claro a las organizaciones del narcotráfico”.
Sin embargo, la decisión ya generó un debate en el ámbito dominicano, con sectores que cuestionan sus implicaciones en términos de soberanía nacional y legalidad constitucional. Se planteó si estos acuerdos de facto deberían ser sometidos al Congreso para su aprobación formal, dado que involucran compromisos de seguridad y uso de infraestructura estatal.
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