Gobiernos europeos y autoridades ucranianas rechazaron el último plan de alto el fuego para Ucrania impulsado por la Casa Blanca de Donald Trump, al que califican como un acuerdo desequilibrado que favorece claramente a Moscú y pone en riesgo la seguridad de toda Europa y de la OTAN. La propuesta, un documento de 28 puntos elaborado por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, obligaría a Kiev a ceder territorios ocupados en el este del país, reducir a la mitad sus Fuerzas Armadas y renunciar a armamento clave, lo que para las capitales europeas implicaría dar luz verde a nuevas agresiones del presidente ruso, Vladimir Putin.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, fue contundente al advertir a la delegación estadounidense que ningún plan de paz prosperará sin el aval de Ucrania y de los gobiernos europeos, hoy principales financiadores de la defensa ucraniana. “La presión debe recaer sobre el agresor, no sobre la víctima. Recompensar la agresión solo invitará a más agresión”, remarcó en Bruselas. El malestar en las capitales europeas no se debe solo al contenido del documento, sino también al hecho de que el plan fue negociado sin consultar a la UE, pese a que los europeos han asumido el grueso del costo económico y militar del apoyo a Kiev.
Desde Kiev, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, reforzó la crítica frente a sus pares europeos, al señalar que resulta “evidente” que el texto fue dictado en los términos del Kremlin. A puerta cerrada en Bruselas, Sybiha advirtió que cualquier propuesta basada en el “apaciguamiento del agresor” es, en los hechos, inviable y peligrosa, porque solo traerá “más guerra y brutalidad para Ucrania y para toda Europa”. En otras palabras, aceptar la cesión de Donbás y la drástica reducción del poder militar ucraniano significaría institucionalizar las ganancias territoriales de Rusia y debilitar la capacidad de disuasión frente a futuras ofensivas, lo que refuerza el temor central en la región: que un mal acuerdo de paz no cierre la guerra, sino que la traslade, a mediano plazo, al corazón del espacio euroatlántico.
Un conflicto de no acabar al que se suma la presión de Washington
El movimiento de la Casa Blanca llega en un momento especialmente delicado del conflicto, que se aproxima a su cuarto año desde la invasión rusa a gran escala lanzada en febrero de 2022. En las últimas semanas, Ucrania volvió a sufrir intensos bombardeos y pérdidas significativas en el frente, mientras Moscú se prepara para afrontar la entrada en vigor de las nuevas sanciones estadounidenses contra sus principales compañías petroleras, un pilar de la economía rusa. En paralelo, el gobierno del presidente Volodímir Zelenski atraviesa una de sus mayores crisis internas desde el inicio de la guerra, sacudido por un escándalo de corrupción que presiona al mandatario a reestructurar su administración.
A eso se suma que la revelación de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, mantuvo conversaciones con representantes rusos para reactivar los esfuerzos de alto el fuego sin involucrar a las capitales europeas fue recibida como un golpe más para la cancillería. Varios altos funcionarios se declaran “frustrados” al comprobar que, pese a haber asumido la mayor parte del esfuerzo financiero y en defensa para sostener a Kiev, la Unión Europea sigue teniendo un margen de maniobra limitado en la negociación de una eventual salida política al conflicto.
Además, el giro de la Casa Blanca también contrasta con el tono que el propio Trump había adoptado semanas atrás, cuando anunció sanciones contra las dos mayores petroleras rusas y reconoció públicamente que sus conversaciones con Putin “no llevan a ningún lado”. Un alto funcionario alemán, cercano al canciller Friedrich Merz, definió la maniobra como un ejemplo de la vieja táctica trumpista de “presionar a todos al mismo tiempo” para llegar a la mesa de negociación con la iniciativa en la mano.
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