La Administración Trump autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas con potencial letal en Venezuela, en el marco de una estrategia integral para acelerar la salida de Nicolás Maduro. En paralelo, el Pentágono trabaja opciones escalatorias, incluyendo golpes dentro del territorio venezolano, con un despliegue regional que combina tropas, buques de superficie y un submarino en el Caribe. El giro instala un nuevo umbral de riesgo en la seguridad hemisférica y reconfigura el cuadro de disuasión alrededor de Caracas.

Qué significa el “presidential finding” y por qué cambia las reglas
La autorización se instrumenta mediante un “presidential finding”, la figura que habilita a la comunidad de inteligencia a ejecutar acciones encubiertas fuera de los marcos habituales de operaciones militares abiertas. En la práctica, el mandato extiende el espectro de la CIA: desde operaciones de interdicción y sabotaje selectivo hasta acciones letales si se integran a un plan conjunto con las Fuerzas Armadas.
A diferencia de la cooperación tradicional en inteligencia y antinarcóticos, el nuevo paraguas legal permite intervención directa contra blancos del aparato estatal venezolano —siempre bajo la lógica de negación plausible y con control legislativo reservado en Washington.
El componente militar: postura de fuerza y ventanas de escalada
De manera simultánea, EE.UU. consolidó presencia en el teatro marítimo caribeño: cerca de 10.000 efectivos con eje en Puerto Rico, ocho buques de superficie y un submarino, además de medios anfibios con infantes de Marina. El foco inmediato son interdicciones marítimas frente a costas venezolanas bajo narrativa antinarcóticos —ya con víctimas reportadas en embarcaciones—, mientras se planifican cursos de acción que van desde demostraciones de fuerza hasta golpes de precisión contra instalaciones de alto valor.

La coordinación CIA–DoD es central para fusionar inteligencia táctica (señales, vigilancia, drones) con capacidad de ataque en un entorno de guerra híbrida, donde el impacto psicológico y la parálisis del mando pueden valer tanto como los efectos cinéticos.
Impacto regional: Colombia, Guyana y Brasil ante un teatro en ebullición
El vecindario inmediato queda expuesto a derrame de tensiones.
- Colombia: enfrenta riesgo de spillover por fronteras porosas, economías ilegales y grupos armados con retaguardias transfronterizas. Un ciclo de operaciones encubiertas puede activar represalias asimétricas en su territorio o rutas logísticas del narcotráfico.
- Guyana: el contencioso Esequibo y la actividad offshore la hacen especialmente sensible a movimientos navales y percepción de amenazas; cualquier incidente mal gestionado incrementa primas de riesgo y presiona a reglas de enfrentamiento.
- Brasil: como ancla de estabilidad en el norte amazónico, debe equilibrar contención diplomática con control de frontera ante flujos irregulares, contrabando de combustibles y eventual desplazamiento de actores criminales.
En todos los casos, la seguridad energética y marítima —rutas, puertos, refinerías— se vuelve activo crítico bajo vigilancia reforzada; aseguradoras y navieras ajustarán costos y coberturas si el teatro escala.
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