Un ataque estadounidense frente a Venezuela el 14 de octubre dejó seis muertos y elevó a 27 las víctimas en cinco bombardeos en el Caribe, mientras Trump sostiene que las lanchas golpeadas estarían ligadas al narcotráfico y ampara la campaña en autoridades permanentes del Comandante en Jefe y en un memo que describe un conflicto armado no internacional contra carteles. Críticos cuestionan la legalidad de estas acciones y advierten por el creciente despliegue militar regional.
La doctrina detrás de los ataques
La Casa Blanca presentó la operación como parte de una guerra contra organizaciones criminales, respaldada por órdenes secretas y un memo al Congreso que reencuadra la lucha antidrogas como conflicto armado contra carteles, además de impulsar la designación de grupos delictivos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Paralelamente, un proyecto demócrata para exigir aval legislativo a futuros bombardeos fue rechazado en el Senado, mientras juristas y ONG sostienen que las lanchas y sus tripulantes no califican como combatientes y que los ataques vulneran el derecho internacional.
En el plano estratégico, la campaña se apoya en un despliegue militar creciente en el Caribe (incluidas bases en Puerto Rico) y en la narrativa de Trump que acusa a Venezuela de exportar criminales (sin pruebas, según un informe desclasificado). El resultado es un entorno de mayor riesgo regional, con señales de normalización de la fuerza letal en mar abierto como instrumento de disuasión frente al narcotráfico, pero con costos diplomáticos y legales que pueden escalar si la práctica se vuelve política permanente.
China y Rusia respaldan a Caracas en el Consejo de Seguridad
En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia condenaron las amenazas militares de Estados Unidos contra Venezuela, advirtiendo que un ataque sería “un error irreparable” con impacto regional. Moscú rechazó los bombardeos recientes a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico (que dejaron más de veinte muertos) como violaciones flagrantes del derecho internacional, mientras Pekín calificó esas acciones de “unilaterales y excesivas”.
Estados Unidos, por su parte, defendió su postura: su embajador John Kelley sostuvo que no permitirá que el país sea inundado por drogas y reiteró la tesis de un conflicto armado no internacional contra carteles designados como organizaciones terroristas extranjeras. La Casa Blanca ha desplegado buques, aeronaves y miles de efectivos en la región y evalúa ataques dentro del territorio venezolano, pese a que reportes de la DEA y la UNODC sitúan a Venezuela con papel marginal en los flujos globales de cocaína. Ante este choque de narrativas, antinarcóticos vs. soberanía, la ONU llamó a la desescalada y a ceñirse a la Carta y al derecho internacional, mientras Caracas realiza ejercicios defensivos y refuerza fronteras en un entorno cada vez más volátil.
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