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La reciente intensificación de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, bajo el pretexto de enfrentar al llamado “cartel de los soles”, ha reactivado una vieja discusión en el derecho internacional latinoamericano: la vigencia de la Doctrina Calvo, principio histórico que rechaza toda forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de los Estados de la región.
Mientras Washington sostiene que su accionar busca “neutralizar redes de narcotráfico vinculadas al régimen de Nicolás Maduro”, juristas y analistas regionales advierten que la narrativa de la “guerra contra los carteles” funciona como una nueva justificación de intervención, similar a los argumentos empleados durante la Guerra Fría o en los años posteriores al 11-S.
Un principio histórico de soberanía
La Doctrina Calvo, formulada a mediados del siglo XIX por el jurista argentino Carlos Calvo, sostiene que los Estados extranjeros no deben intervenir militar ni diplomáticamente en los asuntos internos de otros países para proteger los intereses de sus ciudadanos o empresas. Su base es clara: los conflictos que surjan dentro del territorio de un Estado soberano deben resolverse conforme a sus leyes y jurisdicciones, sin recurrir a la presión o la fuerza extranjera.
Este principio inspiró la Doctrina Drago (1902) y más tarde se incorporó a las constituciones de varios países de la región, consolidándose como un pilar del derecho internacional latinoamericano. Tanto la Carta de la OEA (1948) como múltiples declaraciones de la CELAC y UNASUR retomaron esta tradición, reafirmando el compromiso regional con la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
En ese contexto, la actual campaña estadounidense en el Caribe —que incluye operaciones de vigilancia y ataques selectivos contra presuntos traficantes venezolanos— revive las tensiones entre el discurso de “seguridad hemisférica” y los principios de soberanía que América Latina históricamente ha defendido.
Washington y el argumento del “cartel de los soles”
Desde la Casa Blanca, la administración de Donald Trump ha insistido en que altos mandos del gobierno venezolano, incluidos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, integran una red criminal dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El argumento fue utilizado para justificar acciones militares extraterritoriales, como el reciente ataque con drones a una embarcación venezolana en aguas del Caribe, vinculado presuntamente al Tren de Aragua, y para endurecer las sanciones financieras contra Caracas.
Sin embargo, especialistas en seguridad regional sostienen que el discurso del “narcoterrorismo” reproduce esquemas de intervención política y militar que contradicen las normas internacionales de soberanía y jurisdicción nacional. “Se trata de una reedición contemporánea de la doctrina Monroe, bajo el ropaje de la lucha contra el crimen transnacional”, señalan fuentes del Instituto Latinoamericano de Estudios Geopolíticos.
La acusación del “cartel de los soles”, que desde 2015 Estados Unidos utiliza para vincular a militares venezolanos con redes de narcotráfico, no ha sido acompañada por evidencia pública verificable ni por mecanismos multilaterales de investigación, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) o la OEA.
La contradicción con la tradición latinoamericana de no intervención
El despliegue de fuerzas estadounidenses en la región —que incluye cooperación naval con Colombia y presencia de aeronaves de patrullaje marítimo— contradice la arquitectura jurídica interamericana basada en el principio de igualdad soberana. La Doctrina Calvo y su desarrollo posterior en el derecho regional plantean que los Estados no deben utilizar la fuerza o el condicionamiento económico para imponer su voluntad sobre otros.
La historia latinoamericana está marcada por ejemplos de resistencia a esa práctica: desde la crisis de México en el siglo XIX hasta las invasiones en República Dominicana y Panamá en el siglo XX, los gobiernos del continente reafirmaron una y otra vez que la soberanía es la base del orden regional.
Hoy, la tensión entre esa tradición y la narrativa estadounidense sobre la “seguridad hemisférica” vuelve a plantear un dilema central: ¿puede América Latina sostener su independencia jurídica y política frente a nuevas formas de intervención disfrazadas de cooperación?
La respuesta, según los especialistas, dependerá de la capacidad de los Estados de la región para reivindicar los principios del derecho internacional latinoamericano en foros multilaterales y evitar que la lucha contra el narcotráfico se convierta en un pretexto para reinstalar una tutela militar extranjera.
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