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En medio de la creciente tensión en el Caribe, el gobierno de Venezuela denunció la presencia de cazas furtivos F-35 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos cerca de sus costas. Mientras Caracas acusa a Washington de provocación militar, la Casa Blanca enmarca estas acciones en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico, que ya incluye ataques letales a embarcaciones en aguas internacionales. La escalada de violencia entre Venezuela y Estados Unidos parece no mostrar signos de dismunición, mientran aumentan los cuestionamientos en materia de derecho internacional.
El despliegue de F-35 cerca de Venezuela
Tal como reveló Zona Militar, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó que al menos cinco aeronaves F-35 Lightning II fueron detectadas a unos 75 kilómetros de la costa por los sistemas de defensa aérea del país. Incluso una aerolínea comercial, Avianca, confirmó la presencia de los cazas, lo que reforzó la denuncia de Caracas de que se trataba de una operación provocativa por parte de Washington. Para el gobierno de Nicolás Maduro, la incursión de aviones de quinta generación dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía constituye un acto hostil, aunque no hayan ingresado formalmente al espacio aéreo soberano.
El despliegue de los F-35 forma parte de una operación más amplia de Estados Unidos en el Caribe, iniciada a mediados de septiembre, cuando diez aeronaves del Cuerpo de Marines arribaron a Puerto Rico desde la Estación Aérea de Yuma, Arizona. Desde allí operan bajo el Escuadrón de Ataque de Cazas de Marines 225 (VMFA-225), utilizando la antigua base naval de Roosevelt Roads como centro logístico clave. A esto se suma un contingente naval compuesto por destructores, buques anfibios y el MV Ocean Trader, una plataforma flotante para fuerzas especiales que fortalece la capacidad de despliegue rápido en la región.
Los ataques y el giro hacia un conflicto armado
Paralelamente al despliegue aéreo y naval, las operaciones estadounidenses ya dejaron consecuencias fatales. El 3 de octubre, cuatro personas murieron en un ataque de las fuerzas estadounidenses contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales frente a Venezuela. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la acción afirmando que el barco transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump celebró la operación en su red Truth Social, asegurando que la carga incautada tenía potencial para matar a entre 25 y 50 mil personas.
Este fue el cuarto ataque en un mes contra barcos en tránsito, lo que marca una intensificación del enfoque militar de Washington en la región. A principios de septiembre, otro operativo dejó once muertos en el sur del Caribe, y posteriormente dos ataques adicionales resultaron en seis fallecidos más. Lo novedoso es que, según un memo filtrado al Congreso estadounidense, el gobierno decidió categorizar la situación como un conflicto armado no internacional contra los carteles de la droga. Esta calificación legal abre la puerta al uso ampliado de poderes de guerra, permitiendo atacar y eliminar presuntos combatientes enemigos sin necesidad de demostrar una amenaza inmediata ni de revelar sus identidades.
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