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La consolidación de la cooperación en seguridad entre Japón y Filipinas a través del Reciprocal Access Agreement (RAA) constituye un punto de inflexión en el orden del Indo-Pacífico. Firmado en julio de 2024 y ratificado por ambos parlamentos en 2025, el acuerdo permite el acceso recíproco de fuerzas militares, facilitando ejercicios conjuntos y programas de fortalecimiento de capacidades. Más allá de lo técnico, el pacto refleja la necesidad urgente de ambos países de responder a una China cada vez más asertiva en los mares del Este y del Sur. Como expresó el secretario de Defensa filipino Gilberto Teodoro, el RAA “garantiza que Filipinas tenga socios confiables en la defensa de la ley internacional y la estabilidad regional”
En una perspectiva más amplia, el RAA consolida lo que algunos académicos denominan una “cuasi-alianza”. El acuerdo sitúa a Japón y Filipinas como potencias medias que navegan la competencia entre grandes potencias bajo la estrategia del Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Esta posición es clave, dado que ambos buscan reducir la sobredependencia de las garantías militares estadounidenses y, al mismo tiempo, reforzar la disuasión colectiva. De este modo, las potencias medias comienzan a configurar la seguridad regional no como meros seguidores, sino como actores que fijan agenda. Al tiempo que muestra la disposición de Japón a dejar atrás su tradicional autocontención en la exportación de seguridad con la transferencia de destructores clase Abukuma, sistemas de radar y paquetes de entrenamiento evidencia una transformación profunda, ergo Japón pasa de ser un actor estrictamente pacifista a un proveedor activo de seguridad en el sudeste asiático, un escenario impensado hace apenas una década.
Las reacciones oficiales de los aliados refuerzan este diagnóstico. En una declaración conjunta, los ministros de Defensa de Australia, Japón, Filipinas y Estados Unidos expresaron su “seria preocupación” por las acciones desestabilizadoras en los mares regionales, y reafirmaron su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la libertad de navegación. Así, emerge una arquitectura de seguridad minilateral que trasciende el Tratado de Defensa Mutua entre EE. UU. y Filipinas, y que se cruza con marcos más amplios como el Quad y el AUKUS.
De cara al futuro
Sin embargo, persisten los desafíos. China ya denunció al RAA como una provocación y advirtió sobre contramedidas, mientras que algunos miembros de la ASEAN, como Camboya y Laos, lo consideran un factor de militarización. Para Manila, el riesgo es claro: convertirse en el frente de la competencia de grandes potencias supone beneficios en materia de disuasión, pero también costos si la escalada se traduce en un conflicto abierto. Para Tokio, el acuerdo pone a prueba los límites de su constitución pacifista y una opinión pública aún dividida sobre la profundización de compromisos militares externos.
En conclusión, el RAA entre Japón y Filipinas trasciende lo bilateral cristalizando la emergencia de una red de seguridad en el Indo-Pacífico donde las potencias medias asumen un papel más decidido. Refuerza la disuasión, aumenta la interoperabilidad defensiva y envía un mensaje claro sobre el valor del derecho internacional en aguas disputadas. No obstante, también plantea dilemas sobre la delgada línea entre disuadir y provocar. El desenlace dependerá tanto de la capacidad de Tokio y Manila de sostener su compromiso como de la reacción de Beijing y la habilidad de la ASEAN para articular una posición común. Lo indiscutible es que, por primera vez en décadas, el sudeste asiático se configura bajo la iniciativa de actores que antes preferían mantenerse al margen de la rivalidad de las grandes potencias.
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