El presidente Donald Trump volvió a generar controversia al insinuar que podría enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades con fuerte presencia demócrata, como Chicago y Baltimore, bajo el argumento de combatir la delincuencia. La idea surge tras los despliegues en Los Ángeles y Washington, donde el mandatario ya puso a prueba los límites de la legislación federal en medio de protestas y tensiones sociales.
Aunque la criminalidad violenta ha descendido en los últimos años en varias de estas urbes, Trump sostuvo que los gobernadores deberían solicitar la intervención federal, algo que hasta ahora no han hecho.
La posibilidad de una nueva ola de despliegues ha generado preocupación entre expertos legales y analistas militares, que temen que el Ejecutivo esté ensayando formas inéditas de usar a la Guardia Nacional para fines de seguridad interna, un terreno históricamente sensible en la política estadounidense.
Los límites legales y la opción de la Ley de Insurrección
El marco jurídico establece restricciones claras a la actuación de las fuerzas militares como agentes de la ley, bajo la llamada Ley Posse Comitatus. Sin embargo, Trump ya exploró interpretaciones más amplias en sus intervenciones previas, al poner bajo control federal a la Guardia de California y desplegar marines en Los Ángeles, pese a las objeciones del gobernador. La judicialización de estos movimientos refleja la delgada línea que separa la seguridad nacional del uso político de las tropas.
El caso de Washington D. C. es particular, ya que la Guardia depende directamente del presidente. Allí, Trump ha utilizado a sus efectivos en tareas tan disímiles como patrullajes armados o la limpieza de calles tras disturbios, sin cuestionamientos legales.
La alternativa más discutida es la aplicación de la Ley de Insurrección, un mecanismo que data de 1792 y que otorga amplios poderes al presidente para desplegar tropas federales en territorio estadounidense. Para muchos especialistas, se trata de la “opción nuclear”, pues permitiría a Trump enviar efectivos a un estado incluso contra la voluntad de sus gobernadores.
Implicancias políticas y ecos históricos
La mera posibilidad de que Trump invoque la Ley de Insurrección evoca uno de los momentos más tensos de la historia moderna del país: el enfrentamiento entre John F. Kennedy y el gobernador de Alabama, George Wallace, en 1963, cuando el presidente federalizó la Guardia estatal para garantizar la integración racial en la Universidad de Alabama. El paralelismo no pasa desapercibido para quienes ven en los movimientos actuales un eco de aquellas tensiones.
Un funcionario de la Guardia de Washington advirtió que si se desplegara la fuerza con un mandato tan amplio como el combate a la delincuencia urbana, las tropas podrían permanecer indefinidamente en las calles, alterando el delicado equilibrio entre gobierno federal y estados.
Más allá de lo legal, el debate adquiere una dimensión política inmediata. La nueva orden ejecutiva de Trump, que instruye al secretario de Defensa Pete Hegseth a crear unidades especializadas en orden público dentro de la Guardia, refuerza las sospechas de que el presidente prepara el terreno para ampliar su poder de intervención interna. Para sus críticos, se trata de un intento de militarizar la seguridad doméstica en plena campaña electoral.
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