Brasil lanzó esta semana la mayor operación de su historia contra el crimen organizado, exponiendo un esquema de lavado de dinero de dimensiones inéditas vinculado al Primeiro Comando da Capital (PCC). Según informaron las autoridades, el fraude alcanzó la cifra de R$ 52.000 millones y operaba a través de complejas redes en los sectores de combustibles, fondos de inversión y empresas tecnológicas.
En este sentido, la operación, denominada Carbono Oculto, movilizó a más de 1.400 agentes en redadas simultáneas en ocho estados. El operativo tuvo como objetivo a 350 personas y empresas, y resultó en el congelamiento de activos por aproximadamente R$ 1.000 millones. “Se llegó al piso superior del sistema”, aseguró el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien calificó el operativo como “ejemplar” por atacar directamente a las estructuras financieras del PCC, más allá de su faceta tradicional ligada al narcotráfico.
Las investigaciones revelaron que el cártel utilizaba una fintech llamada BK Bank como un “banco paralelo”, a través del cual se habrían movido R$ 46.000 millones en cuatro años. Asimismo, se detectaron unos 40 fondos de inversión por un valor estimado de R$ 30.000 millones controlados en secreto por la organización. Estas operaciones estaban estructuradas en capas para ocultar a los verdaderos beneficiarios, al tiempo que el grupo adquiría activos físicos como plantas de etanol, una terminal portuaria, tierras agrícolas y cientos de camiones cisterna.
El impacto también alcanzó a empresas cotizadas en la Bolsa de São Paulo. Reag Capital, una de las principales gestoras de activos, confirmó que fue objeto de allanamientos en el marco de la investigación. También fueron mencionadas en la investigación las distribuidoras de combustible Aster y Copape, aunque no respondieron públicamente a las acusaciones.
Crece la preocupación por la expansión del narcotráfico en Brasil
Expertos en seguridad advirtieron que este caso refleja cómo el PCC logró expandir su alcance mucho más allá del narcotráfico, infiltrándose en sectores estratégicos como la energía, el transporte y la minería. En paralelo, la policía federal informó del hallazgo de otros R$ 23.000 millones en operaciones ilegales de combustible y de R$ 600 millones en lavado de dinero.
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