El presidente Donald Trump firmó en secreto una orden dirigida al Pentágono que habilita el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas. La medida, confirmada por fuentes cercanas a las deliberaciones internas, supone la acción más agresiva de su administración en la lucha contra el narcotráfico y abre la puerta a operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero.
Sin embargo, esta nueva política coloca a las fuerzas armadas estadounidenses en un rol de liderazgo frente a grupos bien armados y con alto poder económico, con el objetivo declarado de frenar el flujo de fentanilo y otras drogas hacia el país.
De la designación como terroristas a la acción militar
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó al Departamento de Estado clasificar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos figuran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cártel de los Soles, este último acusado de operar bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno.
La Casa Blanca sostiene que la prioridad del presidente es “proteger la patria” y que la designación de estos grupos permite movilizar “otros elementos del poder estadounidense”, como agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para actuar contra ellos.
Un precedente con alto costo político y legal
El uso de las fuerzas armadas en operaciones contra cárteles plantea interrogantes jurídicos complejos. Según especialistas, atacar objetivos fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría considerarse una violación del derecho internacional y de las leyes estadounidenses que prohíben el asesinato selectivo.
En el pasado, operaciones similares han tensado las relaciones diplomáticas y suscitado condenas internacionales, como la invasión de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega o las misiones de apoyo a Colombia y Perú en los años noventa. La nueva directiva de Trump, en cambio, contempla la captura o eliminación directa de miembros de cárteles, un enfoque que rompe con la lógica de apoyo indirecto y que podría escalar tensiones con países vecinos, especialmente México.
Intensificación de la vigilancia y presión sobre México
La administración ha incrementado el uso de drones y vuelos de reconocimiento en la frontera sur y, de manera encubierta, sobre territorio mexicano para identificar laboratorios de fentanilo. Aunque la CIA no tiene autorización para realizar ataques letales, comparte la información con autoridades mexicanas.
Trump ya había planteado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la posibilidad de que tropas estadounidenses operaran dentro de su país, una propuesta que fue rechazada. Pese a ello, la presión para actuar de forma directa contra los cárteles sigue siendo un eje central de su agenda de seguridad.
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