La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, remitió al Departamento de Justicia más de 100 páginas de documentos desclasificados y un memorando acusando a antiguos funcionarios de la administración Obama de una “conspiración” para manipular y politizar inteligencia sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016.
En este sentido, Gabbard afirmó que las evaluaciones internas de 2016 sostenían que Rusia no intentaba intervenir cibernéticamente para alterar el recuento de votos, y que posteriores declaraciones públicas ocultaron esa evaluación. La acusa, además, de coordinar un intento de crear una narrativa falsa para socavar la victoria de Donald Trump. Sin embargo, las acusaciones no niegan ni refutan la amplia evidencia de la intromisión rusa, que involucró hackeo de correos del Comité Nacional Demócrata, su difusión por WikiLeaks y campañas de desinformación en redes sociales.
Expertos legislativos desacreditan las acusaciones. El representante Jim Himes calificó la acción como “una pequeña maniobra […] para tergiversar declaraciones y evaluaciones de la comunidad de inteligencia”. El senador Mark Warner señaló que Gabbard “reedita teorías conspirativas ya desacreditadas para socavar la confianza pública en la inteligencia”.
Entrevistas y documentos oficiales indican que la comunidad de inteligencia fue clara desde el principio: no hubo evidencia de que Rusia alterara recuentos o máquinas de voto, aunque sí existió una campaña de influencia basada en hacking y propaganda
Los comités bipartidistas del Senado confirmaron que Rusia interfirió por medios cibernéticos, más no en los resultados electorales. Un informe del Inspector General del FBI reafirmó que no hubo motivación política indebida en el inicio de la investigación “Crossfire Hurricane” o en el uso de inteligencia en ese contexto.
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