Más de un centenar de ciudadanos británicos, incluidos agentes de inteligencia del MI6 y miembros del Servicio Aéreo Especial (SAS), fueron identificados en una grave filtración de datos del Ministerio de Defensa del Reino Unido que puso en riesgo a colaboradores afganos y agentes británicos por igual. Así lo informó BBC News el jueves 17 de julio, calificando el hecho como una de las mayores violaciones de seguridad informática en la historia reciente del país.

La filtración, que data de principios de 2022, se hizo pública en redes sociales como Facebook en 2023, revelando datos personales de funcionarios clave y de aliados afganos que colaboraron con el Reino Unido durante su presencia militar en Afganistán. En respuesta, el gobierno británico ejecutó un programa secreto de reubicación para proteger a más de 16.000 afganos amenazados por posibles represalias de los talibanes. El programa, según estimaciones, habría costado alrededor de £2.000 millones.
Entre los afectados se encuentran miembros del Parlamento, altos mandos militares y personal involucrado en la logística de evacuación afgana tras la retirada de tropas occidentales en 2021. El secretario de Defensa, John Healey, ofreció disculpas públicas el 15 de julio y reconoció el alcance del incidente: “Esta filtración afectó tanto a ciudadanos británicos como a aquellos que nos apoyaron en Afganistán. Asumimos nuestra responsabilidad en protegerlos”.

La exposición de estos datos provocó una reacción urgente dentro del aparato estatal británico, incluyendo la imposición de una “superorden judicial” que impidió cualquier cobertura informativa del caso. La medida no solo prohibía difundir detalles del programa de reubicación, sino incluso mencionar que tal censura existía. Esa orden fue levantada oficialmente el 15 de julio, lo que permitió a medios como la BBC y Reuters divulgar la magnitud del escándalo.
El Ministerio de Defensa, al ser consultado por Reuters, no emitió comentarios. Sin embargo, la filtración desató nuevas críticas sobre el manejo de la ciberseguridad en departamentos sensibles del gobierno. Expertos advierten que este incidente pone en cuestión la capacidad del Reino Unido para proteger tanto a su personal operativo como a los aliados extranjeros que dependen de su protección.
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