Ucrania se prepara para transformar su estructura de defensa de cara al futuro. En medio de un conflicto aún activo con Rusia, el presidente Volodímir Zelenski manifestó su intención de permitir la creación de empresas militares privadas (PMCs) como parte de una estrategia más amplia para reorganizar el aparato militar, contener el regreso masivo de veteranos y profesionalizar servicios actualmente brindados de forma informal. Esta medida, aun sin marco legal definido, podría tener consecuencias directas para los combatientes argentinos que actualmente operan integrados en las fuerzas ucranianas.
La declaración del mandatario fue realizada en junio de este año, durante una rueda de prensa con medios locales e internacionales. Allí, Zelenski respondió a una de las tantas exigencias de Moscú, que le reclamó el desmantelamiento de formaciones no convencionales en Ucrania. Lejos de ceder, el presidente ucraniano afirmó: “Después de estos ultimátums, voy a pensar en crear formaciones privadas”. La afirmación abrió un debate interno en Kiev sobre la legalidad, supervisión y objetivos de estas estructuras, y su posible implementación en el corto plazo.

PMCs a la ucraniana, ¿solución funcional o dilema estratégico?
A diferencia de otros países que han adoptado este modelo en conflictos prolongados, Ucrania aún prohíbe expresamente la creación de compañías paramilitares o privadas armadas. Sin embargo, varias organizaciones, como Omega Consulting Group, ya funcionan de hecho como empresas de seguridad y entrenamiento militar, operando dentro de una zona legal ambigua.
Omega fue fundada en 2011 por un exmiembro de la Legión Extranjera Francesa y hoy brinda servicios de entrenamiento especializado en África, principalmente en Argelia, según confirmó su subdirectora, Tetiana Kebkalo, al medio Kyiv Independent. La empresa, registrada formalmente como una sociedad de responsabilidad limitada, representa un ejemplo claro de cómo la práctica ya ha superado a la legislación.

Desde 2017, se presentaron al menos tres proyectos de ley en el Parlamento ucraniano con el objetivo de establecer un marco legal para estas compañías. El más reciente data de abril de 2024, pero ninguno fue debatido aún en el recinto, y la falta de consenso en la redacción impide avances concretos. Legisladores como Andrii Osadchuk, del partido Holos, y Fedir Venislavskyi, miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia, reconocen que la idea cuenta con apoyo político, pero aún no hay unidad en el Parlamento para su aprobación.
Combatientes argentinos en el frente
En este contexto, la situación de los militares argentinos que se sumaron a unidades ucranianas cobra una nueva dimensión. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, se reportaron decenas de argentinos incorporados a través de la Legión Internacional o en otros batallones irregulares. Aunque su accionar ha sido enmarcado por Kiev como una muestra de apoyo internacional, la ausencia de regulaciones claras los coloca en una posición de fragilidad legal tanto en Ucrania como en su país de origen.
La Argentina no posee una normativa específica que contemple este tipo de participación militar en conflictos externos. Tampoco ha formulado posicionamientos públicos sobre el estatus legal, diplomático o institucional de sus nacionales involucrados. Así, los combatientes argentinos enfrentan un limbo jurídico: se encuentran entre ser soldados oficiales, mercenarios (prohibida por el derecho internacional), y su inclusión en futuras estructuras privadas podría modificar radicalmente su estatus.

La eventual creación de PMCs ucranianas abriría la puerta a contrataciones formales, otorgando cobertura legal, salarios estandarizados y condiciones de trabajo más claras para quienes decidan continuar brindando servicios militares o de seguridad bajo bandera ucraniana. Pero también implicaría asumir riesgos diplomáticos ante la posibilidad de que estos combatientes pasen a ser considerados actores armados vinculados a empresas privadas extranjeras.
Una herramienta de reinserción y de proyección internacional
El trasfondo de la medida no es solamente administrativo. El Ministerio de Asuntos de Veteranos de Ucrania estima que tras la guerra regresarán más de seis millones de personas con experiencia directa en combate. Para evitar una crisis de reinserción, las PMCs podrían ofrecer una salida laboral regulada y canalizar ese capital militar hacia tareas de defensa, seguridad estratégica o incluso misiones internacionales.

Legisladores como Osadchuk sostienen que Ucrania debería capitalizar su experiencia bélica para insertarse en un mercado global dominado por actores como Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. En ese sentido, las PMCs también serían un instrumento geopolítico, capaz de proyectar la influencia ucraniana hacia África, Asia o Medio Oriente mediante servicios de entrenamiento, escolta o protección de embajadas.
No es un planteo aislado. El propio Kremlin utilizó durante años al Grupo Wagner como fuerza de choque externa, especialmente en conflictos como Siria, Libia o la región del Sahel. Sin embargo, el caso ruso sirve más como advertencia que como inspiración. Los escándalos vinculados a abusos, crímenes de guerra y hasta un intento fallido de golpe de Estado en 2023 pusieron en evidencia los peligros de delegar poder militar a estructuras privadas sin control estatal estricto.
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