El debate sobre la autonomía estratégica ha dejado de ser teórico en Europa. Ante la creciente imprevisibilidad de EE.UU. y el desafío sistémico que representa China, las capitales europeas discuten cómo reducir su dependencia en materia de seguridad, economía y tecnología. Aunque existe un consenso creciente sobre la necesidad de fortalecer la soberanía europea, las diferencias internas y la presión de las grandes potencias complican su materialización.
Un concepto compartido deriva en una ejecución fragmentada
La invasión rusa a Ucrania y el regreso de Donald Trump al poder han sido catalizadores clave del impulso europeo por alcanzar una mayor autonomía estratégica. Desde la seguridad energética hasta las cadenas de suministro tecnológicas, el riesgo de depender de actores externos se volvió evidente. Frente a esto, países como Francia, Alemania, Países Bajos y España han reforzado su compromiso con la agenda de autonomía estratégica. Incluso Dinamarca dio un giro histórico al abandonar su exclusión voluntaria en materia de defensa de la UE en 2022, sumándose a iniciativas comunes.

Sin embargo, no todos los Estados miembros avanzan al mismo ritmo. Suecia, República Checa y Lituania han mostrado una postura ambivalente, aunque se observa una tendencia gradual hacia el alineamiento con esta estrategia. Por otro lado, Italia mantiene una posición más cautelosa. Los gobiernos de Draghi y Meloni han privilegiado la relación con Washington y se resisten a apoyar una agenda europea que pueda generar fricciones con EE.UU. En Hungría, Viktor Orbán defiende una “autonomía estratégica” entendida como soberanía de los Estados miembros frente a Bruselas, en vez de una mayor integración europea.
La seguridad económica aún está en construcción
Más allá del ámbito militar, Europa enfrenta el desafío de construir una arquitectura coherente de seguridad económica. Aunque existen avances importantes, como el mecanismo de control de Inversión Extranjera Directa (IED) y la caja de herramientas de ciberseguridad 5G, aún hay fragmentación entre los Estados miembros. Los enfoques sobre la IED saliente y las exportaciones de doble uso varían significativamente, y persiste una fuerte renuencia a ceder competencias a la Comisión Europea en estas áreas.

A pesar de estas divisiones, muchos países coinciden en que la Unión Europea debe ser el foro principal para formular una política efectiva hacia China. Países Bajos, Letonia y Polonia han expresado abiertamente su preferencia por una respuesta común desde Bruselas, reconociendo que la unidad es clave frente al peso global de China. No obstante, la tensión entre soberanía nacional e integración comunitaria sigue siendo el mayor obstáculo para que la autonomía estratégica europea deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad operacional.
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