El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el 7 de julio un decreto que autoriza por primera vez la incorporación de ciudadanos extranjeros a las Fuerzas Armadas rusas durante períodos de movilización, en lo que constituye una ampliación significativa del alcance del reclutamiento militar del país. La decisión se enmarca en un contexto de desgaste prolongado por la invasión a gran escala de Ucrania y busca reforzar las filas del ejército sin imponer una movilización general que podría provocar rechazo interno.
Desde septiembre de 2022, rige en Rusia un decreto de movilización parcial que nunca fue oficialmente revocado. Aunque el Kremlin viene evitando declarar la ley marcial, flexibilizó progresivamente las normas de alistamiento. Hasta ahora, los extranjeros solo podían incorporarse bajo regímenes excepcionales como el estado de emergencia o la ley marcial. Con el nuevo decreto, esa restricción queda eliminada para los períodos de movilización.
Especialistas en la lista del Kremlin
Además de ampliar la elegibilidad para el servicio militar, el decreto también permite que especialistas con experiencia que hayan superado la edad límite puedan firmar contratos con organismos importantes como el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), el Servicio Federal de Seguridad (FSB) u otras agencias estatales. Este movimiento apunta a aprovechar el potencial de expertos que anteriormente estaban excluidos por razones de edad, en momentos en que Rusia necesita personal capacitado.
Rusia necesita sostener el número de soldados
De acuerdo a fuentes de inteligencia occidentales citadas por The Wall Street Journal, Moscú estaría reclutando entre 30.000 y 40.000 soldados cada mes. Esta cifra refleja el esfuerzo sostenido por mantener el volumen de tropas necesario para sostener las operaciones en Ucrania, sin recurrir a una segunda movilización masiva que podría afectar la estabilidad política interna. Para ello, el Kremlin desplegó campañas publicitarias agresivas y ofrece incentivos económicos para atraer voluntarios.
Inmigrantes y jóvenes también en la mira del Gobierno ruso
La presión sobre los inmigrantes y jóvenes también se viene intensificando. En mayo de este año, Alexander Bastrykin, jefe del Comité de Investigación de Rusia, afirmó que 20.000 inmigrantes naturalizados fueron enviados al frente tras incumplir con el registro militar obligatorio. Además, durante el verano, el Parlamento ruso aprobó una ley que permite revocar la ciudadanía a quienes obtuvieron la naturalización, pero no cumplan con sus obligaciones militares.
Por otra parte, una investigación publicada por el medio Financial Times revela que agencias del FSB de Rusia están reclutando sistemáticamente a adolescentes de Ucrania para espionaje, sabotear infraestructuras y colocar explosivos. El caso llamativo es el de un joven de 16 años arrestado en Dnipro, portador de coordenadas y fotografías de objetivos militares, en medio de un operativo que podría haber facilitado ataques con misiles y drones.
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