En la Europa de 2025, las amenazas percibidas provenientes de China han dejado de ser exclusivamente económicas. La preocupación por el desequilibrio comercial ha evolucionado hacia un espectro más amplio de riesgos, que incluye ciberseguridad, espionaje, desinformación, injerencia política y cooperación tecnológica con Rusia. Esta diversificación de amenazas ha llevado a numerosos gobiernos europeos, y a la propia UE, a endurecer su postura frente a Pekín, en defensa de su seguridad nacional y soberanía digital.
Ciberespionaje e infraestructura como armas geopolíticas
El estrecho vínculo entre China y Rusia, en especial tras la invasión a Ucrania, ha encendido alarmas en las capitales europeas. La asociación “sin límites” entre ambas potencias no solo es retórica: se ha documentado la transferencia de tecnologías de doble uso que podrían estar reforzando el esfuerzo militar ruso. Este alineamiento estratégico ha catalizado un cambio en la percepción de China como amenaza híbrida que combina medios económicos, tecnológicos y políticos.
Las preocupaciones también alcanzan a la infraestructura crítica y las redes digitales. Diversos países han adoptado medidas para proteger su soberanía tecnológica. Rumanía, Dinamarca, Estonia, Suecia y Lituania han excluido a Huawei de sus redes 5G, mientras que Austria y Bélgica prohibieron TikTok en dispositivos oficiales. En Eslovaquia, los documentos estratégicos advierten sobre intentos chinos de ganar influencia en sectores académicos, empresariales y tecnológicos clave, incluyendo telecomunicaciones. El control chino sobre puertos como El Pireo en Grecia o activos en Bélgica y Países Bajos también genera inquietudes sobre su capacidad para ejercer presión geopolítica.
De la desinformación al sabotaje digital
El espionaje cibernético y la manipulación informativa se han vuelto focos centrales del debate en Europa. Países Bajos, Estonia y Lituania han señalado explícitamente a China como una de las principales amenazas en el ámbito digital y de seguridad del conocimiento. En Estonia, las autoridades han denunciado la actuación de los servicios de inteligencia chinos y el uso de la embajada como canal para influir en el discurso político y académico local. El parlamento neerlandés también ha alertado sobre intentos de represión transnacional hacia comunidades chinas disidentes dentro de su territorio.
A esto se suma un nuevo frente: los incidentes en el Mar Báltico. Las investigaciones sobre el sabotaje a cables submarinos y gasoductos, como el caso del Balticconnector, han implicado a embarcaciones chinas, profundizando la desconfianza de Estonia y otros países bálticos. Aunque Pekín ha negado toda participación, el episodio consolidó la percepción de que China representa una amenaza más amplia, imprevisible y multidimensional, que combina poder tecnológico, capacidad de influencia y operaciones encubiertas. En este contexto, la defensa de la soberanía digital se ha convertido en una prioridad estratégica para Europa.
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