Una investigación publicada por el medio Financial Times revela que agencias del FSB de Rusia están reclutando sistemáticamente a adolescentes de Ucrania para espionaje, sabotear infraestructuras y colocar explosivos. El caso llamativo es el de un joven de 16 años arrestado en Dnipro, portador de coordenadas y fotografías de objetivos militares, en medio de un operativo que podría haber facilitado ataques con misiles y drones.
En este sentido, el servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó que desde la primavera de 2024 ha detenido a más de 700 personas implicadas en espionaje, incendios provocados o atentados con bombas vinculados a inteligencia rusa; de ellas, aproximadamente 175 son menores de 18 años, lo que representa un 25 % del total. Estos adolescentes, en su mayoría procedentes de entornos vulnerables —huérfanos, desplazados o con carencias económicas—, fueron contactados mediante plataformas de mensajería y atraídos con la promesa de “misiones” fáciles, que en realidad eran tareas que comprometían la seguridad nacional.
Varios de estos jóvenes actuaron sin plena conciencia de la gravedad de sus actos. En un caso destacado, un adolescente en Kharkiv colocó una bomba dentro de un patinete eléctrico destinado al ejército, causando la muerte de un soldado e hiriendo a otro. El método, en ocasiones presentado como un juego tipo búsqueda del tesoro, es una maniobra deliberada para insertar agentes ucranianos en operaciones rusas.
Frente a esta amenaza, el Gobierno ucraniano lanzó una campaña nacional de prevención. Mensajes de texto masivos, anuncios en trenes y carteles en carreteras llevan el contundente lema: “¡No quemes a los tuyos! ¡Quema al enemigo!”. Embajadores del SBU visitan escuelas para advertir a los jóvenes, enseñándoles a reconocer tácticas de reclutamiento digital.
Sin embargo, desde el punto de vista legal y de derechos humanos, la ONG Human Rights Watch alertó que estos menores, aunque acusados de espionaje, terrorismo o sabotaje, deben recibir un trato conforme a estándares juveniles internacionales, priorizando la rehabilitación y la representación legal adecuada. En Ucrania, algunos fueron juzgados como adultos bajo la ley marcial, con penas que incluyen la cadena perpetua, una situación que genera preocupación entre defensores de los derechos infantiles.
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