De acuerdo a las últimas estimaciones del SIPRI, Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el presupuesto de defensa en América Latina ha mostrado un tímido aumento, especialmente en el período 2007-2024. Las claves de esta coyuntura, decisión política, dependencia estratégica de potencias extranjeras, y ausencia de planificación caracterizan la proyección de América Latina en este sector. La falta de inversión en defensa plantea dudas sobre la capacidad de reacción de los países regionales y erosiona las posibilidades de cooperación multilateral.
Presupuesto de defensa en América Latina: 2007-2024
Según los datos más recientes del SIPRI, entre 2007 y 2024 el gasto en defensa en América Latina ha mostrado una evolución moderada. En Centroamérica y el Caribe, el presupuesto militar se mantuvo relativamente estable, moviéndose entre los 6,7 y 11,6 mil millones de dólares constantes, mientras que en Sudamérica las cifras fueron más elevadas, oscilando entre 47,1 y 82,3 mil millones. Para 2024, el total estimado del gasto regional se sitúa en torno a los 116,9 mil millones de dólares, una cifra considerable, pero que palidece frente a los más de 1 billón de dólares destinados por América del Norte.
Esto significa que América Latina representa apenas una fracción del gasto militar continental, reflejando una menor militarización en términos relativos. Las severas restricciones fiscales que afectan a muchos países latinoamericanos obligan a priorizar sectores como salud, educación y asistencia económica. A esto se suma una marcada asimetría tecnológica y estratégica: en comparación con potencias como EE.UU., el gasto en defensa no solo es menor en volumen, sino también en capacidad operativa, lo que limita el alcance y la modernización de las fuerzas armadas en la región.
¿Cuánto representa el gasto militar en las economías sudamericanas?
Más allá de las cifras absolutas, observar el gasto en defensa como porcentaje del PBI permite dimensionar el esfuerzo real que cada país destina a este sector. Según los datos del SIPRI 2024, América del Sur muestra una notable heterogeneidad: mientras Colombia destinó el 3,36 % de su PBI a defensa y Ecuador el 2,22 %, otros países como Argentina invirtieron apenas el 0,62 %, marcando el nivel más bajo de la región.
Este último dato fue resaltado por Zona Militar, que en su artículo del 29 de abril expone que Argentina cerró 2024 con un nuevo récord negativo en el presupuesto destinado a sus Fuerzas Armadas, profundizando una tendencia decreciente iniciada hace más de una década. La comparación regional es contundente: incluso economías más pequeñas como Paraguay o Guyana superan el esfuerzo relativo argentino. Esta brecha no solo refleja diferencias de prioridades políticas, sino también una creciente distancia en capacidades operativas y disuasorias frente al resto del continente y el escenario internacional.
Resulta preocupante, en este contexto, que lejos de adoptar medidas para revertir esta tendencia, el gobierno argentino haya optado por estrategias de alto impacto mediático pero escaso valor estratégico. En lugar de fortalecer seriamente las capacidades básicas de defensa, se ha recurrido a la militarización de tareas de seguridad interna bajo normativas ambiguas y sin respaldo legislativo claro. Esta instrumentalización de las Fuerzas Armadas no solo expone a los militares a riesgos jurídicos y operativos, sino que profundiza el deterioro institucional de una estructura ya debilitada por décadas de subfinanciamiento.
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