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Este miércoles por la tarde, el gobierno argentino declaró inválida la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná e inició una investigación tras presentar denuncias por irregularidades. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el gobierno tiene bajo la mira a DEME, una empresa belga que, además de haber obstruido el proceso de licitación, fue la única empresa oferente, levantando sospechas de presiones contra los otros 11 competidores iniciales.
La licitación por la Hidrovía Paraguay-Paraná
La convocatoria a licitación tenía como objetivo la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.
En noviembre del año pasado, el Gobierno nacional había lanzado la licitación para otorgar la concesión a una empresa privada, que asumiría el riesgo empresario y en la cual el Estado ya no tendría injerencia en la gestión ni el mantenimiento. Se preveía la incorporación de bases equipadas con radares y sistemas satelitales para el seguimiento de embarcaciones, además de una modernización integral del sistema de señalización, con el fin de garantizar una navegación más segura, junto con mecanismos de control orientados a combatir el narcotráfico y el terrorismo.
En ese contexto, el Gobierno argentino destacó que los pliegos fueron “el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía”, y que el contrato establecía, entre otras condiciones, la profundización de la vía a 39 pies en el tramo Timbúes-Océano.
Las irregularidades y denuncias en el proceso de licitación
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a llevar a cabo una licitación “transparente y competitiva”. Asimismo, recordó que una de las condiciones establecidas era la cancelación del procedimiento si solo se presentaba un oferente. Según sus declaraciones, durante la licitación se produjeron “presiones” por parte de sectores políticos, empresariales y mediáticos con la intención de modificar los requisitos técnicos del pliego, además de acusaciones contra el Gobierno por un supuesto direccionamiento en favor de Jan de Nul, actual operadora de la Hidrovía, que finalmente optó por no participar.
El Ejecutivo respondió a las impugnaciones de las empresas interesadas y aseguró que la justicia ratificó la legalidad del proceso en tres instancias. No obstante, Adorni insistió en que la única oferta recibida fue la de DEME, compañía que previamente había denunciado falta de transparencia y que se retiró antes de quedar como único oferente.
“La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes” de la presentación de ofertas, sostuvo Manuel Adorni en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
El gobierno argentino apunta contra DEME
Asimismo, Adorni también enfatizó que, a pesar de que 11 empresas se inscribieron en el proceso y hubo consultas tanto formales como informales sobre la participación de otras compañías, ninguna más presentó una oferta. Ante este panorama, el Ejecutivo ordenó una investigación para determinar si DEME presionó a otros competidores o si existió una posible maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado y los productores argentinos.
La empresa belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) fue la única que, hasta el mediodía de la fecha establecida, presentó una oferta concreta en la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, corredor por el cual transita aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.
Según informó el Ejecutivo, en el marco de la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida popularmente como Hidrovía, al menos 11 compañías manifestaron interés en el proceso. Sin embargo, solo una formalizó su propuesta, cumpliendo con los requisitos estipulados en los pliegos.
Sospechas, impugnaciones y exclusiones en la licitación de la Hidrovía
El hecho de que DEME fuera la única oferente despertó sospechas y críticas, lo que derivó en la conferencia de prensa de Adorni, donde el funcionario denunció intentos de entorpecer el proceso licitatorio.
Actualmente, el dragado, balizamiento y operación de la Hidrovía están bajo control estatal, con la subcontratación de Jan de Nul y Emepa, exconcesionarias de la vía fluvial. En el sector causó sorpresa que la primera de estas empresas no se presentara a competir contra DEME. En 2022, bajo la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se impulsó una licitación internacional para el dragado, pero esta fue suspendida tras impugnaciones de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
La empresa de origen chino quedó fuera de la nueva licitación debido a una resolución del gobierno actual, emitida en noviembre, que excluyó a todas las compañías estatales extranjeras del proceso. En su artículo 16°, la normativa establece que no podrán participar “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Esta disposición afecta directamente a la filial de China Communications Construction Company (CCCC).
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