Este jueves por la tarde, el gobierno argentino anunció la baja de las retenciones al campo, reduciendo temporalmente la alícuota de los derechos de exportación para los principales productos agroindustriales y eliminándolas permanentemente para las economías regionales. ¿Qué significa esto para el sector agropecuario?
¿De cuánto es la baja de retenciones al campo?
Según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una rueda de presa, el porcentaje de retenciones para la soja descenderá del 33% al 26%, mientras que sus derivados pasarán del 31% al 24,5%. Por otra parte, los cereales como trigo, cebada, sorgo y maíz tendrán un tributo del 9,5% en lugar del 12%, y el girasol disminuirá del 7% al 5,5%. Esta reducción comenzará a regir el lunes 27 de enero y estará vigente hasta el lunes 30 de junio.
“Entendemos la situación del campo, entendemos la situación de la sequía y de la baja del precio de los commodities”, agregó Caputo. Además, el ministro aclaró que para alcanzar la meta de eliminar completamente los derechos de exportación se necesita, en sus propias palabras, “u$s 8.000 millones, que hoy no tenemos”.
En lo que respecta a las economías regionales, varias continuaban soportando una carga impositiva sobre sus exportaciones, pese a que un proceso de reducción había comenzado en la gestión anterior. Ahora, con el anuncio realizado por los ministerios de Economía y Agricultura, productos como azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y madera dejarán de tributar, quedando en 0% de manera permanente.
Los objetivos económicos del gobierno argentino
Desde la Mesa de Enlace, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó luego de los anuncios que “es el camino correcto porque desde la SRA lo venimos pregonando hace tiempo. Ponemos en valor el anuncio del Gobierno nacional de bajar los Derechos de Exportación temporalmente desde el próximo lunes hasta fines de junio, ante la crisis que afecta al sector“.
Además, Pino también subrayó que “se ponga al campo como prioridad y se lo reconozca como uno de los sectores que motoriza la economía del país”.
Con el objetivo de aumentar las arcas del Banco Central y sostener el superávit fiscal, Caputo busca incentivar la liquidación de los granos en un momento clave, dado que a partir de marzo comienza la cosecha de cultivos como el maíz y la soja de primera de la campaña 2024/2025. Además, también intenta lograr que se liquide los remanentes de la cosecha 2023/2024.
El nuevo esquema de DJVE para los agroexportadores
Cabe destacar que, para beneficiarse de la reducción de las alícuotas, los agroexportadores deberán registrar sus operaciones mediante un DJVE especial, el cual establece el pago anticipado de los derechos de exportación dentro de los cinco días hábiles posteriores a la declaración de la operación ante la Secretaría de Agricultura, de manera similar a lo que ocurre actualmente con los DJVE-360, que permiten un plazo de embarque de un año.
Asimismo, el nuevo esquema de DJVE con reducción de retenciones también obliga a las agroexportadoras a liquidar las divisas correspondientes a la operación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la declaración del embarque, lo que implica un desafío financiero para estas empresas.
Una de las principales promesas electorales del actual gobierno fue la reducción de la presión impositiva sobre la sociedad, con especial énfasis en las retenciones, a las que el propio presidente Milei calificó como un “robo” al productor. Sin embargo, tras asumir la presidencia, los derechos de exportación se aumentaron hasta un 15%, generando un fuerte descontento en el sector agropecuario.
La participación del Estado sobre la renta agrícola
Desde entonces, las principales entidades del sector, así como organizaciones de productores autoconvocados, han intensificado la presión sobre el gobierno de Milei para que cumpla su promesa y haga justicia con un sector que genera hasta el 34% del PBI argentino y aporta 6 de cada 10 dólares de las exportaciones totales del país.
En diciembre de 2024, un análisis de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reveló que la participación impositiva sobre la renta agrícola fue del 64,3% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que
de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea, el Estado se queda con $64,3 a partir de lo recaudado por distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Es importante destacar que la presión impositiva varía según el cultivo, siendo del 68,5% en soja, 56,6% en maíz, 69,5% en trigo y 59,1% en girasol.
Los desafíos enfrentados por el campo argentino
A esto, se le suman factores externos tales como la caída de los precios internacionales de la soja que, de los USD 650 por tonelada en 2022, perforó por debajo de los USD 371 en 2024.
Dicha caída también se extendió para los cereales. En particular, el contrato futuro de trigo en Chicago cerró la última rueda de 2024 a USD 203 por tonelada, lo que representa una disminución del 12% en comparación con el año anterior. Por su parte, el maíz finalizó el año a USD 181 por tonelada, un 2% por debajo de diciembre de 2023.
En términos nominales, los precios del trigo, el maíz y la soja alcanzaron sus niveles más bajos desde 2020. Sin embargo, ajustados por inflación, el poder de compra de los granos llegó al nivel más bajo en 18 años.
A este panorama microeconómico se suma el contexto macroeconómico particular de 2024. Aunque la elevada inflación que marcó el inicio del año mostró una fuerte desaceleración con el paso de los meses, en noviembre todavía registraba un aumento interanual del 166%. Al mismo tiempo, la depreciación del dólar financiero redujo el tipo de cambio al que se liquidan las exportaciones agrícolas, conocido como “dólar blend”.
Como resultado, el poder adquisitivo de los granos en la plaza local cerró 2024 en su nivel más bajo desde 2017 para la soja y el trigo, mientras que el maíz alcanzó mínimos no vistos desde 2020.
Las nuevas señales del gobierno hacia el campo
Por otra parte, se le suma el desafío del clima, que, en el caso de la Zona Núcleo, presenta complicaciones ante un fuerte déficit hídrico que pone en riesgo la campaña de los productores, y el caso del achaparramiento del maíz, una enfermedad endémica que se extendió desde el norte del país hacia las zonas más productivas del territorio.
En este contexto, si bien la baja de la alícuota de los derechos de exportación a los principales productos agrícolas fue recibida con brazos abiertos por gran parte del sector agropecuario, es importante volver a recalcar que esta reducción tiene un carácter temporal y que su alcance limitado dificulta que tenga un impacto significativo en la rentabilidad del productor. Aunque la medida fue bien recibida en términos generales, muchos dentro del sector agropecuario perciben que su principal objetivo es fortalecer los ingresos del Banco Central en un momento estratégico, justo antes de la liquidación de la cosecha gruesa.
A pesar de esto, la medida representa una señal positiva para el sector, que desde hace más de 20 años ha enfrentado una serie de gobiernos que han aprovechado su importancia y aporte como principal generador de divisas para implementar políticas de alta presión fiscal. Esta decisión, aunque temporal y limitada, podría interpretarse como un reconocimiento tardío del rol fundamental del agro en la economía nacional y como un paso inicial hacia una relación más equitativa entre el Estado y los productores.
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