La ciudadanía suiza está llamada a pronunciarse este 13 de junio, en cuya agenda se dirimirán cinco temas. Dos iniciativas populares referidas al uso de los pesticidas. Además, tres referéndums que abordan las nuevas medidas a implementar en la lucha contra el terrorismo, la reducción de las emisiones de CO2 y la concesión de poderes especiales al Gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Si bien puede llamar la atención, lo cierto es que en la nación europea los mecanismos de democracia directa son una herramienta de uso frecuente. La legislación que los regula se ha venido elaborando desde su instauración a nivel federal, en el año 1848. En este sentido, se configuraron como un buen barómetro de las preocupaciones internas, pero además de las atenciones globales.
De manera progresiva, los mecanismos fueron adquiriendo, en sus dos formatos (referendos e iniciativas), centralidad e influencia en la formación del moderno sistema político suizo. El impacto de la gestión incrementa la difusión sobre la variada cantidad de temas tratados y su público conocimiento. Lo que también lleva al gobierno de turno a tener que formar un consenso más amplio de lo que buscaría en el caso de un sistema puramente representativo.
Entre los temas abordados, cabe mencionar que hace poco más de un mes se aprobó por referéndum, aunque por un mínimo margen, una ley que prohíbe que las mujeres utilicen en cualquier lugar público el velo integral o el burka, elementos de la vestimenta tradicional islámica. Del mismo modo, en el futuro cercano se someterá a referéndum la reglamentación favorable al matrimonio homosexual, aprobada por el Parlamento el pasado mes de diciembre de 2020.
Dos iniciativas populares en torno a los pesticidas
La primera se orienta a la preservación del agua potable limpia y alimentos saludables. Tiene su basamento en que la comisión que la promueve descree que los reglamentos y normas actuales que acompañan a las subvenciones federales a los agricultores sean concomitantes con las condiciones ambientales. Los ámbitos afectados son la protección de las plantas, la fertilización, la cría de animales y la biodiversidad.
La segunda iniciativa popular se posiciona en contra de los pesticidas sintéticos. Por un lado, pretende reforzar la regulación de su uso, en general para limpiar plantas y materiales de organismos nocivos o indeseables. Y, por el otro, su prohibición a nivel nacional, lo que afectaría a la producción de alimentos, a la agricultura, al mantenimiento de los espacios verdes públicos y a las propias importaciones.
Aunque comparten el mismo objetivo, las dos iniciativas tienen enfoques diferentes. Para llevar adelante el avance con el compromiso con el desempeño ecológico, ambas iniciativas suman los apoyos de los Liberales Verdes, el partido socialdemócrata (en gobierno) y Los Verdes. A su propuesta se oponen una amplia alianza de agrupaciones políticas de centro y de derecha, los círculos empresariales y la principal asociación de agricultores del país.
Balance sobre el marco legal para enfrentar la pandemia
La ciudadanía suiza será la primera en el mundo que tendrá la posibilidad de pronunciarse en materia de los fundamentos jurídicos para la gestión de la crisis sanitaria. Un comité ciudadano ha recogido las firmas requeridas a fin de llevar adelante un referéndum sobre la Ley Covid-19, aprobada por el Parlamento y que entró en vigor el pasado mes de septiembre.
La Ley otorga al Consejo Federal poderes adicionales a fin de combatir la pandemia de coronavirus y, sobre todo, para mitigar sus efectos negativos en la sociedad y la economía. Abarca las medidas que aún deben aplicar el Consejo Federal y el Parlamento para gestionar la pandemia y la crisis económica.
A los promotores del referéndum les preocupa el papel preponderante del Consejo Federal (Gobierno) en las medidas adoptadas. Asimismo, la campaña también refleja cierto escepticismo en materia de la política de vacunación del Gobierno.
Ajuste sobre el compromiso con la reducción de emisiones de gases
En Suiza, los efectos del cambio climático se sienten más en las industrias agrícola y turística. Las olas de calor, las sequías y las inundaciones son cada vez más frecuentes, hay escasez de nieve en invierno y los deslizamientos de tierra se han vuelto más usuales.
Por lo cual, la revisión ciudadana de la Ley Federal de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero permitirá a Suiza aprovechar y reforzar su política climática actual. La Ley contiene una serie de medidas que tienen como objetivo reducir aún más la producción de CO2 para 2030 y neutralidad climática hacia el 2050. No obstante, siguen dependiendo de una combinación de incentivos financieros, inversiones y nuevas tecnologías.
Revisión de la Ley contra la lucha al terrorismo
Los votantes se expresarán su postura, además, sobre la Ley Federal de Medidas Policiales para Combatir el Terrorismo. Suiza ha ampliado de manera continua su gama de instrumentos en los últimos años. Sin embargo, todavía existen algunas lagunas.
Producto del atentado ocurrido en Francia en el 2015, el Consejo Federal y el Parlamento han creado una nueva base jurídica, de reciente actualización en el 2020. Ésta concede a la fuerza policial herramientas para emprender acciones preventivas contra las amenazas terroristas.
Sin embargo, según los impulsores del referéndum, en abierta oposición a la norma vigente, consideran que la reforma legal adquiere cualidades de excesiva y abusiva. Su fundamento es el peligro de la violación de los derechos humanos y de la niñez, del mismo modo también supondrían un riesgo para la separación de poderes.
En defensa de la norma, el Consejo Federal y del Parlamento, manifestaron que la ley solo permite que la policía intervenga para proteger a la población si existen indicios concretos y actuales de amenaza. En ese sentido, la nueva ley complementa la estrategia de Suiza de tres pilares para combatir el terrorismo: prevención, represión y reintegración.
Esta maratón de referéndums hace constatar un extracto de la realidad suiza, en la que su democracia directa con frecuencia se ve sometida a cuestiones intersectoriales a planteos que ocupan un lugar en la agenda federal.
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