El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras un exhaustivo peritaje de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta decisión, anunciada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, válida “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados que otorgaron un triunfo a Maduro.
En este sentido, Rodríguez afirmó que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio de cada una de las máquinas de votación desplegadas en el país. Además, aseguró que existe una plena coincidencia con los registros de los centros nacionales de cómputos.
La intervención del TSJ fue solicitada directamente por el presidente Maduro, lo que generó críticas por parte de observadores nacionales e internacionales que cuestionan la independencia del poder judicial en Venezuela. La presidenta del TSJ defendió la actuación del tribunal, citando ejemplos de otros países donde las cortes han jugado un papel similar en la validación de resultados electorales.
Por su parte, Edmundo González Urrutia, principal candidato de la oposición y único postulante que no asistió al proceso de verificación del TSJ, condenó la decisión de la Corte. “Ninguna decisión judicial puede sustituir la voluntad del pueblo venezolano”, declaró Urrutia, quien además calificó al TSJ de “incapaz” de resolver la crisis política del país. Según el opositor, esta sentencia solo agravará la situación en Venezuela, donde la polarización política continúa profundizándose.
Países de América Latina rechazan la decisión del TSJ
Tras el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron un firme rechazo. Estos países ya habían cuestionado la legitimidad de la declaración del CNE, después de que se impidiera el acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial, no se publicaran las actas y se negara la realización de una auditoría imparcial e independiente de las mismas.
En este sentido, a través de un comunicado oficial conjunto, reiteraron que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que revise todas las actas, puede garantizar el respeto a la voluntad soberana del pueblo y la democracia en Venezuela. Asimismo, expresaron su profunda preocupación y condena por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra los ciudadanos que se manifiestan en contra de la situación actual.
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