La meta de cero emisiones para 2050 supone múltiples desafíos y decisiones ambiciosas de carácter multilateral y unilateral. Ello en el marco de la Transición Justa que, como menciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consiste en “ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.
En el centro de la escena se encuentra la transición hacia las tecnologías renovables (solar, eólica, hidráulica, mareomotriz y geotérmica) como reemplazo de los combustibles fósiles, quienes generan alrededor del 75% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En octubre de 2023, la COP28 junto a la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) acordaron triplicar la capacidad de las renovables y mejorar la eficiencia energética para 2030.
Para los próximos años, el auge y la creciente demanda de tecnologías renovables a nivel global tiene vínculo con el aumento de la demanda de minerales críticos, necesarios, por ejemplo, para la fabricación de paneles solares. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), destaca que la demanda de minerales en un escenario de cero emisiones podría sextuplicarse para 2050, siendo el litio, el grafito, el cobalto, el níquel y tierras raras, los más demandados.
Detrás de la demanda y de los beneficios económicos para quienes explotan los recursos minerales, se esconden las consecuencias sociales, económicas y ambientales que distan de lo consagrado en relación a la transición justa y a un nuevo modelo de producción, consumo y extracción de los recursos. Los casos de Chile y la República Democrática del Congo (RDC), exportadores de cobre y cobalto, dan cuenta de estas consecuencias y pueden ser referencias sobre los desafíos futuros que plantea la transición.
En Chile, la empresa estatal CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) es una de las principales exportadoras que opera en una de las minas de cobre más grandes de Chile, la mina de Chuquicamata, ubicada en la provincia de Antofagasta. Los pobladores de esta zona denuncian la contaminación del suelo y el agua, con altos valores de arsénico, lo cual, ha impactado con el deterioro de la producción agroganadera y de la salud de la población que vive en Calama, con estadísticas de enfermedades graves superiores a las del resto del país.
A su vez, en la provincia de Lualaba (RDC), la minería artesanal domina la extracción del cobalto y pone en peligro a quienes realizan este trabajo en condiciones inhumanas para venderlo luego a las empresas mineras. Los restos de los minerales se esparcen por todo el suelo y contaminan los ríos, sedimentados producto de las partículas acumuladas y carentes de flora y fauna. Más alarmantes son las consecuencias en la salud de hombres, mujeres y niños, quienes tienen contacto constante con sustancias tóxicas y nocivas.
Para finalizar, las consideraciones expuestas dejan de lado factores geopolíticos y de nuevo orden que pueden acelerar la carrera por las cadenas de suministros de minerales críticos en un escenario de creciente demanda. No obstante, poner en agenda este tema debe llevar a multiplicar las opciones para mitigar o eliminar estas consecuencias, a la vez que generar interés en el cono sur por la demanda del litio y su rol estratégico.
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