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El Tribunal Supremo de España informó el jueves sobre el inicio de una investigación contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont por presunta implicación en “terrorismo” relacionado con acciones llevadas a cabo por el grupo separatista Tsunami Democràtic en 2019. La investigación también involucra al diputado del Parlamento catalán, Rubén Wagensberg, quien también reside fuera de España.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió “iniciar una causa para investigar y, en su caso, llevar a juicio” al expresidente regional de Cataluña y actual eurodiputado Carles Puigdemont “por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso ‘Tsunami Democràtic'”, según un comunicado del tribunal.
Este anuncio de investigación se produce en un momento en el que el gobierno español, que contó con el respaldo de los independentistas para la investidura, y el partido de Puigdemont están negociando una ley de amnistía para los separatistas involucrados en el intento de secesión de Cataluña en 2017, uno de los episodios más críticos en la historia política contemporánea de España.
Puigdemont, entre la “realidad” y “una buena imputación”
El expresidente regional catalán también ha comentado de manera irónica sobre el caso en las redes sociales, ironizando sobre la situación con la frase “No dejes que la realidad estropee una buena imputación”, parafraseando una “máxima del mal periodismo”.
El Tribunal Supremo enfatizó que no tiene dudas de que los hechos imputados a ‘Tsunami Democràtic’ constituyen un delito de terrorismo, citando como ejemplo el bloqueo e intento de toma del aeropuerto de Barcelona durante una protesta. Un magistrado de la Audiencia Nacional, encargado de investigar los delitos de terrorismo, había solicitado al tribunal esta medida basándose en “indicios que a su juicio acreditan la participación” de Puigdemont y Wagensberg “en los hechos investigados”, según el comunicado.
Los magistrados concluyeron, de manera unánime, que para estos dos aforados, dado que Puigdemont es ahora eurodiputado, es “necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico”.
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