Por Mariel Zani Begoña del Grupo Jóvenes investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales
El 22 de febrero de 1904 la bandera argentina flamea por primera vez en la Isla Laurie, perteneciente al grupo de Islas Orcadas del Sur, inaugurando así la presencia nacional en la Antártida, que se ha mantenido ininterrumpida pese a las sucesivas inestabilidades y turbulencias que han sacudido al país en poco más de 115 años. Desde 1904 hasta la fecha, más de cuarenta hombres y dos mujeres se han sentado en el Sillón de Rivadavia, de esos mandatarios sólo once completaron su gobierno -la dimisión, el fallecimiento, la salida abrupta vía quiebre institucional o el llamado anticipado a elecciones fueron las causas de este fenómeno-. Pese a ello, la presencia argentina en el continente blanco se ha mantenido ininterrumpida, lo que nos lleva a preguntarnos ¿es la Política Nacional Antártica una verdadera política de estado?
En primer lugar, surge la cuestión de definir a qué nos referimos cuando hablamos de política de estado. Las políticas de estado, por su relevancia e importancia como piedra basal de un país, son aquellas que, por definición, adquieren consenso y continuidad a lo largo del tiempo.
Las políticas de estado trascienden gobiernos y alumbran una direccionalidad histórica que difícilmente pueda ser modificada por la administración gubernamental de turno. Independientemente de que este tipo de política pueda sufrir alteraciones o modificaciones en su contenido y ejecución a lo largo de los años, su espíritu se mantiene inalterado. Y qué mejor ejemplo de una política de estado que la política nacional antártica que se ha mantenido incluso en los períodos más turbulentos y oscuros de nuestra historia.
Una política de Estado no atribuye su creación a ningún gobierno en particular y sólo puede ser analizada en retrospectiva. Además, para que una política pública se erija como política de estado, la creación de leyes que le dé sustento es de vital importancia. En este sentido podemos mencionar algunos hitos históricos como el decreto firmado por Julio Argentino Roca en 1904, por el que se establece el Observatorio Meteorológico Antártico Argentino y la creación en el año 1940 de la Comisión Nacional del Antártico con el objetivo de profundizar las discusiones en torno a los intereses nacionales en el continente blanco. También vale la pena recordar, y en sintonía con lo planteado, la Campaña Antártica 1941-1942 que reafirmó el interés argentino en explorar el territorio polar a través de la realización de diversas investigaciones científicas, que se instituiría como un hito importante que continúa hasta nuestros días. Posteriormente, en el año 1951, con el decreto 7338 se creará el Instituto Antártico Argentino y, en 1969, la ley 18513 que crea la Dirección Nacional del Antártico. Estos son, tan sólo algunos de los acontecimientos que ejemplifican, a lo largo de la historia argentina, el interés de nuestro país desde muy temprano por el territorio austral.
La Política Nacional Antártica es llevada adelante por la Dirección Nacional del Antártico, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y es la encargada de programar, dirigir, planificar, controlar y difundir la actividad argentina en el continente blanco.
A lo largo de la historia, la presencia nacional en el casquete polar antártico se ha efectuado a través de tres vectores principales: el militar –que brinda apoyo logístico a las trece bases argentinas-, el científico -donde se destacan las investigaciones ambientales, relativas a la físico química, ciencias de la tierra y ciencias de la vida– y el diplomático -siendo la celebración del Sistema del Tratado Antártico el hecho histórico más destacado.
Atendiendo a estas características y al peculiar hecho de que, pese a los interregnos autoritarios y al variopinto cuadro ideológico que alimentó a la política argentina durante el último siglo, la política nacional antártica se ha mantenido como una constante a lo largo de todos los gobiernos por lo que es plausible de ser calificada como política de estado.
Ahora bien, dado el desconocimiento que la población argentina en general tiene sobre la Antártida, resuena la pregunta de si una política de estado, amén de representar los intereses de una élite política, no debería también encarnar los intereses de la nación, es decir de la población en su conjunto. Si la política de estado responde no a los intereses particulares de una gestión de gobierno sino a los valores e intereses de la imbricación entre estado y sociedad a lo largo del tiempo, ¿por qué es la Antártida un tema tan poco conocido en el imaginario del argentino promedio?
Es indudable que la importancia geoestratégica de la Antártida ha estado presente en el imaginario de la élite política y militar argentina desde los inicios. Pero a la Política Nacional Antártica le falta aún incorporarse al imaginario colectivo de los argentinos. La provincialización del territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en 1990 y la declaración de la Argentina Bicontinental celebrada el año pasado parecen ser los primeros pasos para que los ciudadanos comiencen a percibir a la Antártida como argentina. Superada la pandemia queda la expectativa de si esto podrá concretarse en un futuro no muy lejano y, si bien todo parecería indicar que el país se encamina en esa dirección, aún estamos muy lejos de esta realidad que tiene, empero, la firme posibilidad de cristalizarse en algunos años.
Mariel Zani Begoña es Licenciada en Ciencia Política (UBA). Maestranda en Relaciones Internacionales (UNLP). Miembro del Grupo de Jóvenes Investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales (GJI IRI)
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