El presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley de política de defensa por 886 mil millones de dólares, según anunció la Casa Blanca en un comunicado el pasado viernes. Este acto marca el sexagésimo tercer año consecutivo de dicho proyecto de ley.
En este sentido, la Ley de Autorización de Defensa Nacional que describe la política y las prioridades presupuestarias del Pentágono, fue aprobada la semana pasada por el Senado y la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista. Esta legislación expande los poderes federales de espionaje, lo que generó resistencia especialmente entre los republicanos en el Capitolio.
La Casa Blanca expresó su respaldo después de que los negociadores del Senado y la Cámara acordaran eliminar disposiciones objetables para Biden y los demócratas. Aunque se excluyeron propuestas vinculadas al tratamiento médico de tropas transgénero y programas de diversidad e inclusión del Pentágono, persiste la polémica política de aborto que reembolsa costos de viajes para procedimientos y cuidados reproductivos de las tropas.
Sin embargo, la atención se centra en la ampliación de cuatro meses de las autoridades de vigilancia bajo la Sección 702, diseñada para recopilar comunicaciones de extranjeros según la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Este movimiento suscitó el descontento de republicanos en la Cámara, muchos de los cuales se opusieron al proyecto debido a estos poderes adicionales de espionaje.
El proyecto de ley también prohíbe al presidente retirar unilateralmente a Estados Unidos de la OTAN, requiriendo ahora una votación de dos tercios del Senado para tal acción. Además, autoriza 300 millones de dólares al Pentágono para armar a Ucrania, y aunque la legislación iguala la solicitud de financiamiento de Biden, es importante destacar que solo autoriza fondos y no los asigna directamente.
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