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El Salvador es un pequeño país de América Central, que ha sufrido desgarradoras experiencias durante su historia, destacándose la tristemente célebre Guerra Civil que entre los 70 y los 90 ocasionó miles de muertos, y destruyó la infraestructura y economía del país.
Los Acuerdos de Paz de Chapultepec (1992) parecían abrir una puerta de esperanza a la población. Si bien se alcanzó la democracia y mejoró la situación socioeconómica, los gobiernos tanto de derecha como de izquierda que se sucedieron no lograron resolver los tres grandes males de El Salvador: la delincuencia galopante, la corrupción endémica, y una economía frágil que ocasionó la expulsión de cientos de miles de salvadoreños, particularmente a Estados Unidos.
El descontento de la ciudadanía hacia los dos partidos principales llevó a la elección de Bukele, un populista independiente, en febrero de 2019. Llevó adelante una campaña desideologizada, con consignas vagas pero optimistas, sin explicitar medidas claras aunque prometiendo un futuro próspero y mejor. Su elección con más del 53% parecía indicar para muchos salvadoreños una figura esperanzadora, que mejoraría la situación que llevó al país a tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo y un masivo éxodo de migrantes, muchos de ellos indocumentados.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo Bukele viró hacia posiciones autoritarias en numerosas ocasiones. La más extrema fue su ingreso inesperado al Congreso Nacional con militares fuertemente armados en diciembre de 2020 para exigir a los legisladores la aprobación de un préstamo por una suma de USD 109 millones para enfrentar a las pandillas criminales, donde Bukele inclusive llamó a la “insurrección popular” en un discurso ante sus seguidores posteriormente fuera del Congreso. Numerosos gobiernos del mundo expresaron preocupación por esta grave injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo.
Bukele ha defendido sus medidas afirmando que su interés es proteger al pueblo salvadoreño y amparándose en logros como el descenso histórico de la tasa de homicidios. Pero durante la pandemia de COVID-19, se registró un aumento nuevamente, según Bukele debido a que las fuerzas de seguridad estaban ocupadas haciendo respetar la cuarentena. Respondió con un encarcelamiento masivo de las maras, las temibles pandillas criminales que durante décadas asolaron El Salvador, con imágenes que dieron la vuelta al mundo. Cabe destacar que fiel a su estilo millenial, ordenó todas estas decisiones mediante Twitter.
En el plano global, la administración de Joe Biden ha expresado recientemente sus diferencias con el gobierno de Bukele, manifestando preocupación por la violación de las instituciones, y su ataque a los medios de comunicación y a voces que se oponen a sus medidas.
La posición de Washington es clave para los países de Centroamérica, que dependen en gran medida de la ayuda estadounidense (conocida por las siglas en inglés USAID) para poder estabilizar sus economías. Por esta razón Bukele se esforzó por tejer buenas relaciones con el expresidente Donald Trump, aunque hasta el momento no lo está logrando con Biden.
De hecho, funcionarios del gobierno de Biden han rechazado reunirse con Bukele en un viaje sorpresivo que realizó a Washington. La excusa oficial fueron los cuidados por la pandemia de COVID-19 y la todavía ausencia de funcionarios nombrados para el área, pero dejó entrever el malestar de la nueva administración con medidas que tomó Bukele en una región que EEUU considera estratégica.
Las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero han sido vistas como un referéndum en el creciente autoritarismo de Bukele. Las encuestas muestran una popularidad altísima para el mandatario, lo cual podría traducirse en un apoyo masivo a los candidatos de su coalición aunque él no aparezca en las boletas. De producirse esta situación, Bukele podría contar con casi todas las intendencias y una mayoría calificada en el Congreso.
Esto último podría significar en una erosión aún mayor del Estado de derecho y los frenos y contrapesos en El Salvador, dado que el Congreso deberá nombrar al nuevo Fiscal General y a cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia con mayorías especiales. Por esta razón las elecciones del 28 de febrero serán claves para el futuro del país.
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