Según informes oficiales, durante el primer semestre de 2023, se ha llevado a cabo la destrucción de 27 laboratorios de clorhidrato de cocaína, valorados en más de 13 mil millones de dólares. Además, los miembros del ejército, en colaboración con otras entidades, han eliminado 35 toneladas de estupefacientes, con un valor superior a mil millones de dólares.
También se han desmantelado 80 estructuras destinadas a la producción de pasta base de coca, con un valor estimado de 650 millones de dólares. Por otro lado, se ha erradicado más de un millón de plantas de coca en semilleros, lo que equivale a aproximadamente 160 hectáreas de cultivo.
Ante este contexto, el gobierno de Colombia está analizando propuestas institucionales y de los ciudadanos que residen en las zonas más afectadas por el narcotráfico, como parte del proceso para definir la nueva Política Nacional de Drogas. Esta nueva política se basará en cuatro pilares fundamentales: el cuidado de la vida, el medio ambiente, los derechos humanos y la lucha contra las redes de narcotráfico.
El presidente Gustavo Petro ha asegurado que esta política se enfocará más en aspectos sociales y de salud pública que en medidas punitivas. Según él, la guerra contra las drogas ha fracasado tanto en Colombia como en toda Latinoamérica, causando millones de muertes, especialmente en Estados Unidos, el principal consumidor.
Es importante destacar que Colombia es el mayor productor y exportador de cocaína a nivel mundial, y esta actividad está vinculada a grupos criminales que han provocado violencia en diversas zonas del país, generando desplazamientos forzados y otros problemas que afectan principalmente a la población.
Además, el mandatario colombiano afirma que el narcotráfico también ha contribuido a la discriminación racial y a la desigualdad debido a la falta de presencia estatal en ciertas áreas del territorio.
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